De acuerdo a la organización Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), en el país funcionan alrededor de ocho mil corporativos de seguridad privada a los que están adscritos un total de 600 mil empleados, pero sólo el 60 por ciento trabajan conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSyPC) reporta que en todo el estado existen cerca de 101 prestadores de servicios de este tipo, de las que dependen mil 437 elementos de forma global; únicamente el 71 por ciento cumple con todos los requisitos para operar.
De acuerdo al consultor Armando Salinas, enfatizó que México requiere una nueva Ley Nacional de Seguridad Privada en la que se especifique la participación del sector, en el restablecimiento del estado de derecho en sus diferentes modalidades.
Asimismo debe homologar los requisitos para crear y operar un negocio de ese tipo, así como delimitar las competencias de los tres órdenes de gobierno en ese rubro.
Señaló que actualmente cada estado tiene una ley diferente, y en algunos casos incluso los municipios, lo que fomenta la corrupción. Con una ley nacional quedaría más claro lo que les corresponde como seguridad privada y lo que el Estado tiene que dar en seguridad pública.
El especialista indicó que la aspiración de la población a contratar servicios a precios baratos fomenta la existencia de las agencias “patito”, sin tomar en cuenta que abaratar un servicio es restarle profesionalidad. “Hasta las dependencias de gobierno son clientes de las firmas informales”.
Puntualizó que alentado por la ola delictiva, la prestación de servicios de seguridad de manera particular crece como nunca en la historia del país, pero en total desorden tanto de las empresas como del gobierno.
Tan sólo el año pasado en México dicha industria creció 20 por ciento, cinco puntos porcentuales más en comparación con cualquier otro ejercicio. Por su parte, los ingresos de esa rama fueron hasta tres por ciento mayores respecto al promedio de beneficio económico de otros sectores.
Sólo por mencionar ciertos datos, en 2017 en la entidad, tres mil 47 de cada 10 mil unidades económicas fueron víctimas del delito, lo que representa un alza de 17.6 por ciento en relación con 2015.
Por los ilícitos, los establecimientos registraron un quebranto de mil 329 millones de pesos, destinando a su vez mil 285 millones a medidas de seguridad.
El seis por ciento de los negocios contrató o mantuvo seguridad privada, a la postre la quinta medida de protección más demandada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ante este panorama, reiteró la necesidad de que la actualización de la ley y la homologación de criterios sea una realidad para todas las empresas de seguridad privada que operan en México.
