En vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en junio de este año, Alejandra Tello Mendoza, investigadora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enfatizó que es importante que exista una regulación sobre el uso de las redes sociales, sobre todo cuando se difunde contenido que puede ser discriminatorio.
No se puede permitir, añadió, que las autoridades electorales estén vigilando de manera infructuosa el discurso público de ciudadanos o partidos políticos. Además, puntualizó, uno de los puntos relevantes es que a través de esos medios exista la transparencia, es decir, cuando se contrata a alguna persona en particular para emitir mensajes positivos se debe dar detalle si es pagado.
Posterior a impartir la charla Modelo de Comunicación Política en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), y luego de la pregunta lanzada si las redes sociales pueden o no inclinar una elección, comentó que es una respuesta compleja, pero sería ingenuo pensar que no pueden generar una incidencia.
Tello Mendoza consideró que hay varios factores en el tema electoral que puedan relacionarse con la economía de las personas o la evaluación de los perfiles; sin embargo, el conocimiento empírico de cómo influyen las redes sociales en los procesos electorales aún es limitado.
Interactuar con prudencia
Lo importante, opinó, es ser precavidos en las relaciones causales, toda vez que no hay certeza de los alcances de la desinformación o manipulación de los contenidos. En la actualidad parte de las campañas se han trasladado a la política 2.0, es decir, internet y redes sociales.
Hasta ahora en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no muestra algo claro sobre la regulación de las redes sociales, pero ello no implica que los partidos políticos o las candidaturas sean libres de decir cualquier cosa.
Lo que se ha intentando, explicó, es trasladar las reglas que son aplicables al Modelo de Comunicación Política a las redes sociales, pero algunas situaciones no tienen regulación y han causado casos polémicos entre los propios partidos.
Tello Mendoza recordó que los partidos políticos tienen una obligación de dar un reporte de todos los ingresos y gastos en los que incurran. Si hay erogación de dinero para pagar mensajes en redes sociales, eso tiene que reportarse.