Es necesario que las autoridades estatales intervengan para que exista un reparto equitativo en la distribución de la obra pública a través del acarreo de material, debido a que algunos sindicatos pretenden apoderarse de los proyectos y afectar la economía de los concesionarios, dijo Mario Alberto Bustamante Mendoza, presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas.
Entrevistado sobre el tema, explicó que se han topado casos en la capital y municipios cercanos donde la contratación se ha dado con sindicatos, los cuales traen vehículos con placas particulares.
Reparto material
Aunque algunos concesionarios son incluidos con un 20 % de participación en las obras, el líder transportista dijo que el reparto de los proyectos debería ser a la inversa para darle prioridad a quienes cumplen con todos los pagos de impuestos que establece el Estado.
Refirió que los sindicatos deben enfocarse en el tema de la mano de obra, pero no deberían intervenir en el acarreo de materiales. Será importante, remarcó el líder del sector, que las empresas ponderen la contratación con quienes tienen concesiones, ya que ofrecen precios que están marcados por las mismas autoridades y están publicados en documentos oficiales.
Lo que pasa con un sindicato, detalló, es que ofrecen un costo en el servicio más bajo y algunos trabajadores entran con esa propuesta, aunque no se contrate la obra como debería ser.
Problema en la adquisición
Las repercusiones que trae esa acción es que se afecta la economía y los transportistas se quedan sin los ingresos para pagar un chofer, mecánico o adquirir piezas en las refacciones. La idea es que las constructoras negocien, primero, con aquellos que están legales para el acarreo del material.
Bustamante Mendoza añadió que el gremio cumple con sus obligaciones fiscales, por ello debe existir una competencia legal en la distribución de las obras. El problema de la asignación de acarreo se viene enfrentando desde hace un par de años.
Finalmente, recordó que se han hecho reuniones con las instancias oficiales y también con organismos de la construcción, a fin de que esta organización transportista se pueda proteger de algún modo, pues a través de una concesión se entienda que hay un respaldo en la ley para quienes se dedican a la actividad.
