Las leyes estatal y federal en materia inmobiliaria continúan en revisión. Con estas legislaciones se busca regular esta actividad, entre otros aspectos con la creación de un padrón de agentes inmobiliarios para combatir fraudes, tanto en el mercado de arrendamiento como en la compra-venta de viviendas, y evitar que las personas pongan en riesgo su capital y patrimonio.
Marisol Ceballos Labastida, miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Tuxtla Gutiérrez, comentó que desafortunadamente es muy recurrente que personas sin capacitación, experiencia ni certificación, se empleen en el mercado inmobiliario, lo que representa un riesgo para sus clientes ante cualquier error que pueda cometer en el proceso de arrendamiento o de compra-venta.
Señaló que al no haber una ley que regule la actividad, lamentablemente no hay sanciones para este tipo de personas antes de que incurran en un fraude, por lo que insistirán para que en este 2020 se aceleren los trabajos y cada profesional cuente con una licencia oficial.
“En el Congreso del Estado se encuentra en revisión nuestra propuesta de iniciativa de ley que presentamos hace unos meses, y que también plantea la elaboración de un padrón de agentes inmobiliarios”, declaró.
Destacó que a pesar de no existir un registro nacional, las personas que vayan a solicitar los servicios inmobiliarios pueden consultar la página www.ampi.org, donde hay un directorio nacional de todos los agentes que pertenecen a la asociación y que cuentan con sus certificaciones vigentes, con fotografía y datos generales.
Para certificarse los agentes deben demostrar horas de capacitación en materia inmobiliaria, contar con una certificación que puede ser la de comercialización de bienes inmuebles o de crédito de vivienda, comprobar que tienen una oficina establecida, pagar impuestos.
Los clientes pueden solicitar la certificación del profesional para asegurar su confiabilidad, aunque deberían mantenerlos a la vista; otra certeza de su certificación es que pertenezca a la asociación, ya que cada miembro debe capacitarse constantemente.
En la sección AMPI Tuxtla Gutiérrez están afiliados alrededor de 80 profesionales, mientras que en San Cristóbal de Las Casas son 70, es decir, en el estado hay 150 agentes inmobiliarios.
Respecto al mercado de arrendamiento de bienes inmuebles, la empresaria indicó que se han mantenido los precios de las rentas en los últimos meses, aunque hay una tendencia lenta a la baja por la sobreoferta.
Consideró que es uno de los productos que se va a mantener vigente durante todo el 2020, incluso que competirá más con la compra-venta de viviendas mientras se mantenga la incertidumbre al rumbo económico del país.
Señaló que en las viviendas de mayor demanda los precios de las rentas oscilan entre los cinco y ocho mil pesos mensuales, seguido por menores a los cinco mil pesos, en su mayoría para solteros, estudiantes, parejas sin hijos.
Respecto al arrendamiento comercial, bodegas, oficinas y otros, manifestó que ha influido mucho la burocracia y la corrupción en las autoridades municipales y estatales, porque mientras no otorguen los permisos, licencias, sin trabas, dando la mayor certeza a los desarrolladores, el mercado seguirá deprimido y en consecuencia las nuevas inversiones no llegarán.
Por ello los estados con mayor inversión son Yucatán y Querétaro, “y para que Chiapas capte más inversión se necesitan mejorar todavía muchas cosas desde el centro del gobierno”.
Gravámenes y tramitología
Así mismo, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana, señaló que este 2020 gestionarán que se eliminen algunos gravámenes y que la tramitología para el desarrollo de viviendas disminuya a por lo menos año y medio, lo que permitiría disminuir el costo final de las casas.
Detalló que el promedio nacional para el proceso de construcción de viviendas, desde el inicio de los trámites hasta la construcción final, es de alrededor de un año y medio; en Chiapas se ocupa de tres a cuatro años, lo que implica que tengan que pasar alrededor de cinco años para cubrir todo el proceso.
Ese tiempo modifica el precio final de la vivienda a la alza, ya que también se incrementan los costos de los insumos y los porcentajes de los intereses bancarios, debido a que para hacer un desarrollo de vivienda el empresario debe a parte de invertir su capital solicitar un préstamo, porque no reciben dinero del erario.
Lo anterior se traduce en que durante los tres o cuatro años que por lo regular pasan en el estado para realizar todo ese trámite, el desarrollador de vivienda ya pagó el mismo tiempo de intereses del préstamo bancario, considerando que tienen una tasa promedio del 12 por ciento anual.
“Todo eso hace que el costo de la vivienda incremente, porque como ya pagaste el dinero en interés, ese recurso lo incorporas al costo de las viviendas que vas vender; súmale también el incremento de la inflación, el precio el cemento, el acero, la arena, la mano de obra”.
De acuerdo al empresario, estos factores generan que una vivienda proyectada con un costo promedio de 500 mil pesos se incremente hasta los 800 mil o más, lo que deja sin posibilidad al grueso de la población que puede comprar una vivienda de medio millón de pesos.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señala que tres cuartas partes del universo de trabajadores en Chiapas están en el rango de poder adquirir una vivienda tasada en medio millón de pesos o menos, bajo un esquema de financiamiento.
Sin embargo, debido a la tramitología que implica el desarrollo de vivienda, esos trabajadores no pueden comprarse una casa digna, por lo que la única alternativa es asentarse de manera irregular o comprar lotes sin servicios, que representan elevados gastos para los gobiernos, como se ha visto en los últimos años, refirió el presidente de la Canadevi.
Destacó que la industria de la vivienda impacta en el 90 por ciento de las ramas económicas de una ciudad, un efecto multiplicador considerable que ha estado obstaculizado. Los Ayuntamientos deben entender que simplificando los trámites se benefician porque la industria les genera ingresos por impuestos y permisos una vez concluida la vivienda, como el predial, agua potable y otros servicios.
Insistió que es necesario que se eliminen todos los obstáculos para poder resarcir poco a poco en este sexenio el déficit de vivienda que hoy prevalece. De esa forma se podría recuperar el nivel de producción de años anteriores de hasta más de ocho mil viviendas anuales.
“Con esto se vería un triple beneficio, a la industria, al Estado y a la ciudadanía que busca hacerse de una vivienda a través de un crédito, que hoy oscila en las 200 familias aproximadamente”.
Burguete Torrestiana indicó que han sostenido acercamientos con funcionarios y han encontrado apertura y disposición por reformar algunos estatutos relacionados al desarrollo de vivienda, recibiendo los análisis que hasta ahora han realizado los miembros de la Canadevi.
