Cada municipio debería hacer conciencia sobre la permisividad del comercio de material explosivo e implementar operativos para detectarlos y cerrarlos, pues se pone en riesgo la vida de la gente, principalmente de los menores de edad, dijo Gabriela Escudero, presidenta de la Fundación Michou y Mau.
Hizo hincapié en la gravedad de que sigan operando los “polvorines” y, peor aún, enfatizó, que las autoridades no hagan una labor de verificación para impedir que ese comercio continúe arriesgando a familias enteras.
Destacó que estos establecimientos no deberían tener paso libre para operar, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la única instancia autorizada para trabajar con pólvora, y “desde ahí es donde está el permiso”.
Lo anterior en relación al último accidente registrado en el municipio de Ocozocoautla, donde una madre y su hijo menor de edad resultaron seriamente lesionados por una explosión.
Se trataba de un taller clandestino, “en los adultos está dar el ejemplo, por eso insisto en hacer conciencia sobre lo peligroso que son estos accidentes, los cuales te cobran de una extremidad hasta la vida propia, porque en el consumo de la demanda está la oferta”.
No obstante, en el mismo municipio, hace tres años una tragedia similar conmocionó a la población, pues de igual forma, por la explosión en un “polvorín” cuatro niños murieron.
Escudero explicó que su fundación recibe casos de infantes quemados por manejo de pólvora, “el año pasado fueron como cinco casos, y esa estadística se mantiene; pero en el caso del adolescente de Coita, que se quemó, pues fue difícil hacer algo, falleció”.
