“El trabajo infantil está normalizado: lo vemos en hogares, calles y zonas turísticas, pero su erradicación exige acciones inmediatas”, señaló la jurista Jaqueline Ángel Juan, en la conferencia magistral titulada “Derechos Humanos y Trabajo Infantil” ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
La jueza, especializada en justicia para adolescentes, destacó la urgencia de erradicar el trabajo infantil mediante enfoques multidisciplinarios y políticas públicas integrales.
En el evento, organizado en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y otras instituciones, brindó datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) que revelan un aumento del 2.5 % en México entre 2019 y 2022 del trabajo en infancias y adolescencias; situación que afecta al 20.8 % de esta población con Chiapas entre los estados más afectados.
La doctora Ángel Juan, con amplia trayectoria en derechos de la niñez, en el marco jurídico, subrayó que el trabajo infantil, definido por la OIT como toda actividad que priva a menores de su infancia, potencial y dignidad, no solo viola derechos fundamentales, sino que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
La ponente enfatizó la necesidad de un enfoque multidimensional que integre perspectivas jurídicas, sociales y culturales.
“Debemos entender las realidades específicas, la migración, pertenencia étnica o discapacidad agravan la vulnerabilidad”, explicó. Además, destacó instrumentos internacionales como el Convenio 138 de la OIT (edad mínima laboral) y el Convenio 182 (peores formas de trabajo infantil), que obligan al Estado a garantizar educación y protección social.
Criticó la naturalización del fenómeno pues “muchos niños laboran en mercados o como limpiaparabrisas, sacrificando su educación y salud. Las políticas deben ser locales. En Tapachula (por ejemplo), el contexto migratorio exige soluciones distintas a las de Cancún o Mérida”.