El caso de una niña tsotsil de 13 años, originaria de San Juan Chamula, que se encontraba grave de salud tras dar a luz en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, pone al descubierto una profunda crisis de derechos humanos, violencia estructural y la ausencia de políticas públicas efectivas que garanticen el interés superior de la niñez y adolescencia en la entidad.
No normalicemos
El incremento de partos en niñas de entre 10 y 17 años, y la persistencia de embarazos en menores de 14, no puede normalizarse, ya que en su mayoría son consecuencia de violencia sexual, uniones forzadas y prácticas que anulan por completo su autonomía e identidad.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) señaló que estas situaciones constituyen fecundidad forzada, una práctica expresamente prohibida por la legislación nacional e internacional.
Derechos
En México, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho, y prohíbe cualquier acto que vulnere su integridad, incluyendo el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.
Frente a esta emergencia, lanzaron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para actuar de manera coordinada y contundente. En un escrito, expresaron que es necesario combatir de raíz los matrimonios forzados y las uniones tempranas, erradicando las prácticas culturales nocivas que los sostienen.
Violencia sexual
Al mismo tiempo, dijeron, se debe garantizar la identificación temprana y la atención integral, con perspectiva de género e interculturalidad, para todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Además, se debe asegurar el cumplimiento estricto de la NOM 046-SSA, que establece el derecho a la interrupción legal del embarazo para toda víctima de violencia sexual. Las instituciones de salud tienen la obligación de proporcionar esta atención de manera inmediata, sin criminalización, revictimización u obstáculos burocráticos.
