La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), A. C., expresó su preocupación ante el informe oficial del Grupo México Transportes (Ferromex), al verse obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de las personas migrantes.
La Red, conformada por organizaciones nacionales y locales como el Servicio Jesuita a Refugiados (en Frontera Comalapa), Casa del Caminante “Jtatic Samuel Ruiz García” (en Palenque) y la Casa del Migrante “Hogar de la Misericordia” (en Arriaga), consideró que dicha decisión agudiza otros riesgos, e incluso puede generar nuevos problemas para la seguridad de las personas en contexto de movilidad humana.
“La ausencia de una política humanitaria, con enfoque de derechos y efectiva para gestionar la migración internacional en México, aunada a medidas de política que priorizan la detención y la deportación de personas, así como la gran corrupción que enfrentan las personas migrantes en su paso por nuestro país, genera desgobierno y que empresas como Ferromex tomen este tipo de medidas, con consecuencias graves para la seguridad de las personas. Es una realidad que las autoridades se niegan sistemáticamente a atender”, mencionó la Redodem.
Sin dar alternativas
Las organizaciones puntualizaron la opción de las personas en movilidad migratoria de tomar el tren, debido a que “no les dejan de otra”, puesto que el Instituto Nacional de Migración (INM) no proporciona alternativas de tránsito seguro y las empresas transportistas lucran con su desesperación ante la inacción e incluso connivencia (complicidad) de autoridades locales y federales.
Además, documentaron la negativa de venta de boletos ocurrida en Arriaga, al exigirles ilegalmente requisitos para la venta de pasajes, cobrándoles cantidades mayores a las tarifas ordinarias e incluso el cierre de terminales de autobuses.
“Más aún, en colusión con autoridades y grupos criminales existen retenes en los recorridos donde bajan a las personas, las extorsionan e incluso autoridades migratorias les rompen sus tarjetas de visitante por razones humanitarias u otros documentos de identidad, para en muchas ocasiones detenerlos y llevarlos a estaciones migratorias”, mencionó.
Por tanto, exigieron la expedición de visas humanitarias por parte del INM a las personas migrantes para que puedan comprar boletos y transitar por el país de manera segura. Así como ampliar las alternativas de regularización temporal para que las personas puedan estar por el país de manera segura y digna, también puedan trabajar mientras esperan su cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One.
Asimismo, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) vigile y sancione a las empresas transportistas que nieguen la venta de boletos a las personas migrantes o impongan requisitos y tarifas ilegales