El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación externó que es urgente atender la crisis de violencia hacia estos sectores ya que han aumentado de forma exponencial las amenazas, hostigamientos y asesinatos en diferentes estados durante este año.
El Consejo informó que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos; de los cuales seis han sucedido en Chiapas. Además de los 15 a periodistas.
Ante ello, el Consejo Consultivo del Mecanismo reiteró la importancia de generar una verdadera política de estado que reconozca la función social de quienes informan y defienden los derechos humanos en nuestra sociedad.
“Inhibir la labor de quienes cumplen con esta importante tarea en la democracia, compromete seriamente el desarrollo y la construcción de un verdadero estado de derecho”, informó.
Además, urgió al gobierno federal tome medidas pertinentes para implementar las 104 recomendaciones emitidas por la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado públicamente el 26 de agosto de este año.
“Si bien el gobierno federal ha aceptado públicamente las recomendaciones y conclusiones sobre las dolencias y necesidad que requieren ser atendidas para que el mecanismo funcione adecuadamente, es necesario pasar el diagnóstico a la solución de los problemas, generando una hoja de ruta para avanzar en el mejoramiento de este”, añadió.
Ante esto, el Consejo Consultivo consideró que es urgente mutar el carácter reactivo a uno preventivo, mejorar los análisis de riesgo de las personas beneficiarias y fortalecer el seguimiento e implementación eficaz y efectiva de las medidas adoptadas.
Asimismo, tener condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que labora en la Coordinación Ejecutiva Nacional, dotar de recursos humanos, financieros y logísticos para un funcionamiento diligente e instaurar un enfoque trasversal y diferencial en la aprobación e implementación de medidas de protección.
También, el Consejo mencionó que una de las principales asignaturas pendientes es la efectiva coordinación de las dependencias y organismos autónomos que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo, más allá de su participación por el voto para adoptar y retirar medidas.
“Se requiere voluntad policial y las capacidades institucionales para revertir un patrón de violencia que lejos de disminuir, aumenta día con día, y que aún avanzando en todas las medidas propuestas por el Diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los de la sociedad civil organizada, el Mecanismo será una medida insuficiente ante el gran contexto de violencia que prevalece contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, detallaron.
Por último, indicaron que es de reconocer que el Mecanismo de Protección ha salvado vidas, por lo que es ineludible mayor atención y esfuerzo institucional en un país que se cataloga como uno de los más peligroso para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Asesinatos
El 3 de enero se produjo en Arriaga, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.
Por este evento, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.
El 18 de enero, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) informó que Noé Jiménez Pablo, integrante de la coordinación estatal de Mocri–CNPA MN y de la comisión política nacional de la CNPA MN y uno de los principales líderes opositores contra el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga de Amatán, fue encontrado sin vida y con señas de tortura.
Jiménez Pablo fue encontrado sin vida junto al cuerpo de José Santiago Álvarez, ambos estaban inscritos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El 23 de enero, en la comunidad de Santo Tomas, municipio de Amatenango del Valle, fue asesinada Estelina López Gómez, defensora comunitaria de derechos humanos quien fue atacada por un comando armado.
Asimismo, el 11 de junio, José Luis Álvarez Flores, encargado de la preservación del mono Saraguato y defensor de la extracción arenera en el río Usumacinta, fue asesinado entre los límites de Tabasco y Chiapas.
Al momento de su muerte, Álvarez Flores era encargado de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Saraguato (mono que predomina en la zona y al cual buscaba proteger de atropellamientos carreteros) y en diversos momentos hizo acusaciones sobre extracción ilegal de arena.
