"A ningún ciudadano o empresa le gusta pagar impuestos, ser limitado en su negocio en beneficio de la competencia o quedar a merced del interés público siendo la suya una actividad particular. Pero cuando existe detrás una razón de Estado no queda otra más que apegarse a las reglas. Bueno, eso aplica a todos excepto a los poderosos que hasta ahora han tenido el poder para presionar la configuración de las leyes desde su origen: el Congreso.
¿Cómo lo hacen? Generalmente a través de cabilderos, es decir, personas que rondan los pasillos de San Lázaro o Xicoténcatl para ""convencer"" a los legisladores de que apoyen o rechacen ciertas iniciativas. No tendría eso nada de malo de no ser porque las estrategias de persuasión incluyen desde amenazas hasta ofrecimientos de dádivas y viajes con todo pagado.
El cabildeo, cuando se apega a la ética, no es perjudicial. De hecho, conviene a la función parlamentaria que las personas sobre las cuales la legislación tendrá efectos directos comparezcan y den a conocer sus puntos de vista, sus observaciones y sus objeciones. La cuestión es que esto debe hacerse públicamente, de cara a la ciudadanía. De tal manera también se benefician los legisladores, pues su imagen entre la opinión pública es la peor de acuerdo con las encuestas -entre otras cosas- debido a lo opaco de sus decisiones.
Es de reconocer, por ello, que la Cámara de Diputados haya aprobado un reglamento aplicable a partir de este año que obligue a los cabilderos a registrarse, dar a conocer sus objetivos y entregar constancia de sus actividades. Habrá que ver cómo funciona en el periodo ordinario de sesiones que viene el mes entrante.
Lamentablemente queda en duda la eficacia final del nuevo reglamento en la medida en que no fue replicado en la Cámara de Senadores. La mayoría de las decisiones legislativas pasan tanto por San Lázaro como por Xicoténcatl. Los cabilderos podrán seguir teniendo una puerta alterna en la Cámara alta.
Los legisladores necesitan dar un siguiente paso: someterse ellos mismos a la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy día, diputados y senadores no están obligados a llevar minutas de sus reuniones en comisiones, no se sabe cómo deliberaron sobre los asuntos que atañen a todos. Las bancadas parlamentarias manejan a discreción el dinero y no existe un organismo autónomo, como el Instituto Federal de Acceso a la Información en el caso del gobierno federal, que abra al escrutinio público de todos la información en poder del Legislativo.
El 2011 será un año marcado por la sucesión presidencial. Los poderes fácticos tratarán de encontrar acomodo en el tablero preelectoral. Seguir el camino de la transparencia convendría a los propios legisladores pues se blindarían así de esos ánimos injerencistas.
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