Ayer, la fiscal especializada para la atención de delitos electorales, María de los Ángeles Fromow, hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para que antes del 30 de junio próximo sea reformado el Código Penal Federal, para sancionar temas como el financiamiento de campanas con recursos provenientes del exterior.
Esta reforma debería incluir el rebase de los topes de gastos fijados por el Instituto Federal Electoral, el uso de los recursos de los partidos políticos para fines personales y la venta de los bienes de los partidos que pierden el registro. De acuerdo con lo senalado por la fiscal, la Suprema Corte de Justicia establece que las reformas en materia de delitos electorales deben realizarse 90 días antes de que inicie el proceso, esto quiere decir que el plazo vence al terminar este mes.
No hacer los cambios en la materia permitiría que, potencialmente, pudieran repetirse casos como los del Pemexgate , los Amigos de Fox, el Partido Alianza Social o los continuos rebases de gastos de campanas en casi todos los partidos, que tanto descrédito han ocasionado al sistema político en general.
Sin duda la consolidación de nuestro aparato electoral y el avance del país en materia democrática dependen de que en cada nueva elección haya avances en materia de transparencia electoral y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos respecto de los comicios anteriores. Sobre todo cuando se han documentado fehacientemente casos de conductas irregulares, los cuales tienen que dejar un precedente en la legislación para que no se repitan.
Sería inaceptable que habiendo detectado abusos en las organizaciones políticas, se deje abierta la puerta a su repetición y, peor aún, a la impunidad que da el saber que ciertas ilegalidades no tienen sanción.
La apretada agenda legislativa deberá considerar estos asuntos que no son menores, pues, como ya se ha visto, comprometen la legalidad y la democracia: desvío de recursos públicos para financiar candidatos, dinero sin reportar del extranjero, uso familiar del patrimonio de los partidos son, entre otros delitos, asuntos que se debieron conjurar desde hace mucho, pero que ahora, con la fecha límite en puerta, no pueden ser soslayados por los partidos, quienes deberían ser los principales interesados en clarificar sus conductas.
Es un hecho que ha costado mucho trabajo lograr consensos en el interior del Congreso de la Unión en los últimos anos y que tender puentes de entendimiento no es lo fuerte de la actual Legislatura. No obstante, toda diferencia ideológica debe quedar rebasada cuando se trata de legislar en materia electoral, porque eso es común a todas las organizaciones políticas, lo que exige un esfuerzo adicional de diputados y senadores, aun cuando falte poco para que venzan los plazos.
Dejar pasar este tiempo sin procurar las reformas al marco electoral será un muy mal inicio de un proceso que todos los mexicanos esperamos sea limpio, transparente y democrático. Los partidos políticos han mostrado ser capaces de llevar el uso de las leyes hasta sus últimas consecuencias.
La ciudadanía no quiere que los comicios federales de 2006 estén viciados de origen, sino que, por el contrario, dichas elecciones representen un avance respecto de lo sucedido hace seis anos y así sucesivamente, hasta que podamos contar con un sistema electoral impecable, ajeno a cualquier suspicacia y protegido por la oportuna participación de sus legisladores. Urge, pues, esta reforma. (El Universal).
