El dinero en efectivo que circula en México representa poco más del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Banco de México (Banxico), la base monetaria en enero de 2024 era ligeramente superior a 2.9 billones de pesos, mientras que el PIB al cierre de 2023 estuvo alrededor de los 25 billones.
El contador público fiscalista, Néstor Gabriel López, indicó que, el uso de efectivo es de lo más común en las operaciones en México, pero puede ser interpretado como dinero que no paga impuestos (defraudación fiscal) o confundirse con otros índices de criminalidad que favorecen el lavado de dinero.
Como se sabe, en México existe una economía formal e informal, esta última se estima que supera los 600 mil millones de pesos (mdp), casi tres puntos del PIB, lo que representa esta economía de pago en efectivo, aunque es un medio común y legítimo.
“La mayoría de los trabajadores cobran su nómina, lo retiran del cajero y con eso pagan sus deudas y gastos, muchos hacen uso de las tandas para ahorrar en efectivo, todo eso trae errores comunes que deben evitar para no dar lugar a presunciones”.
La Ley de Prevención de Lavado de Dinero establece restricciones puntuales en cuanto al flujo de efectivo, para quien paga de esta forma y quien recibe tiene la facultad de negarse a recibir el pago cuando el monto supere cierta cantidad, como para comprar una casa, un auto, joyas u otro bien.
Para los trabajadores que retiran su nómina, pueden disponerlo para bienes y servicios, si no son de las 21 actividades vulnerables catalogadas en la ley, no tendrá ningún problema.
El fiscalista dijo que quien recibe efectivo en alguna de esas actividades vulnerables, tiene obligaciones tributarias; se conjugan las restricciones y regulaciones de la propia Ley antilavado con las obligaciones que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece para transacciones, que en un mes superan los 100 mil pesos en efectivo.
