Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dio a conocer que en Chiapas los usos y costumbres están por encima de los derechos humanos, lo que da pie a delitos graves.
En este contexto, expuso que Chiapas ocupa el tercer lugar en casos de tráfico de mujeres, por debajo de Jalisco y Guerrero, siendo la población más afectada las menores de edad de comunidades indígenas.
De acuerdo a una investigación realizada, asegura que la costumbre de “pago de la novia” es una simple operación de compra-venta, estableciendo que no importa que sean menores de ocho años de edad avalados por la “autoridad tradicional”.
“El que desea comprar una niña, emborracha varias veces a la autoridad, posteriormente lo acompaña para pedir a la persona que vio previamente, y esto da pie para que aparezcan en otros estados”, expuso.
Palabras más, palabras menos, en la zona Altos “se propicia, tolera, el comercio de mujeres, niñas y adolescentes que son llevados a otros estados como Tijuana en la frontera norte del país”.
La nominada al Premio Nobel de la Paz en el año 2005, detalló en la presentación del Observatorio de Violencia Social y de Género de Chiapas 2012-2018, que de 800 entrevistas que la Comisión Binacional de Salud Tijuana-San Diego realizó para conocer la situación de la prostitución en esa frontera con Estados Unidos, 600 se trataban de jovencitas provenientes de municipios indígenas de Chiapas.
“Esta vulneración de derechos humanos de las mujeres se justifican en la región Altos, bajo supuestos usos y costumbres que no deberían permanecer porque vulneran derechos humanos, sobre todo de las niñas y las mujeres más pobres, que no tienen oportunidades de acceder a la educación”, agregó.
Además, puntualizó que: “Es cierto, debe haber respeto por los usos y costumbres, sin embargo, este sistema no debe estar por encima de los derechos humanos”.
“En las comunidades no se denuncian las agresiones, los feminicidios, todo se hace mediante arreglos económicos. Las autoridades lo saben pero no hacen nada, lo ven como algo natural”, señaló.
Por último, dijo que la ley del estado existe, pero en la entidad se justifican situaciones graves por los usos y costumbres, algo que no avanzará si no existe un límite a este tema cultural y dar paso al derecho penal.
