La abogada Marisela Aguilar Gerardo comentó que si una unidad de transporte público sufre un accidente vial en cualquier modalidad, en el que uno o más usuarios resulten heridos gravemente, incluso alguno pierda la vida, la responsabilidad civil y penal recae en el conductor y en el propietario y/o titular de la concesión, en caso de que el primero no lo sea.
Señaló que por ley, según el reglamento de transporte, toda unidad de servicio público tiene una responsabilidad civil en caso de causar daños a otra persona o un patrimonio, sobre todo si se trata de muerte. Esto se aplica a través de un seguro, el cual es obligatorio para responder por los daños.
En caso de que la unidad no cumpla con el requisito del seguro, la responsabilidad civil recae en el conductor del vehículo, y si este se da a la fuga, como ocurrió en el lamentable accidente del pasado lunes en la capital chiapaneca, recae en el propietario de la unidad, quien debe ser también titular de la concesión.
Proceso penal
En este punto, los afectados deben iniciar un procedimiento ante las autoridades para citar al concesionario, y este se puede localizar a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que serviría como gestor para que se determine el grado de la responsabilidad civil.
Ahora bien, sobre la responsabilidad penal, señaló que recae principalmente en el conductor de la unidad siniestrada, y si este se da la fuga, se califica como una agravante porque se considera abandono de persona, considerando el grado de las lesiones y sobre todo la pérdida de vidas.
Refirió que los peritos se encargarán de determinar las causas del accidente, si acaso el conductor de la unidad de transporte público tuvo la culpa, pero de no ser así, no le quita responsabilidad civil ante los lesionados, tampoco al concesionario.
La abogada manifestó que por parte de la sociedad también debe existir responsabilidad en el uso del transporte público, sobre todo en la modalidad de colectivo, respetando las paradas establecidas y solicitando a los conductores a no llevar pasajeros de más.
A esto se suma la responsabilidad de la dependencia reguladora, sobre obligar a los concesionarios a utilizar unidades en buen estado y conductores capacitados, ya que transportan a diario vidas humanas. Se debe mejorar el sistema de transporte y se deben prever accidentes como el que ocurrió recientemente.
