"Julio César Rincón * CP. La inminente liberación de 40, de 86 indígenas presos acusados de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 representa un reconocimiento a la inocencia de quienes fueron detenidos arbitrariamente por la Procuraduría General de la República (PGR), asentó Rubén Gabriel Soberano Velasco, consejero de la Barra Chiapaneca de Abogados.
Entrevistado en sus oficinas al poniente de la capital, el legista, reveló que desde un principio en las audiencias y en todas las diligencias que se llevaron a cabo para este juicio se denotó una falsificación de pruebas y testimonios por parte del Estado.
Es decir, un traductor, les habría puesto en sus bocas a los indígenas palabras que nunca dijeron y los Ministerios Públicos dieron por hecho tales argumentos procediendo a la condena.
""Los indígenas manifestaban que ellos no habían senalado a los que estaban detenidos. Y que los dichos o hechos que ellos argumentaban que habían narrado no eran correctos"".
A decir del abogado chiapaneco, la prefabricación de delitos obedeció a que existía un acatamiento presidencial, en el sentido de que se tenía que juzgar a alguien por la masacre.
""Desgraciadamente prevalece el testimonio jurisprudencial de que las primeras declaraciones hechas por los testigos son las validas y si alguna declaración se quiere contradecir posteriormente se tienen que dar argumentos sólidos y consistentes para poder dejar sin validez la primera declaración"", explicó.
Soberano Velasco, arguyó que si el público tuviera acceso a los expedientes observaría que los traductores junto con el Ministerio Público cuadraron la declaración, las cuales en el Juzgado no coinciden.
""El indígena lo manifiesta: yo no dije eso, yo no lo narré, no es cierto y, entonces observamos que fue un proceso penal que se politizó y demuestra claramente la mala fe del Ministerio Público en la actuación de las causas penales"", expuso Soberano.
Se interrogó que en si en el caso Acteal siendo un asunto relevante se hizo esta ""maniobra"", qué pasará con un individuo que no tiene quién lo defienda.
""Ahorita ya se sabe en Espana, Alemania, qué es lo que pasó en Chiapas, otra vez Chiapas vuelve a ser noticia mala, no por el Gobierno del Estado sino que hubo una actuación dolosa del Ministerio Público en aquel entonces que era comandado por Madrazo Cuellar y se nota y quedó demostrada, la Corte denota la mala fe del Ministerio Público en las averiguaciones previas"" subrayó.
Concluyó que de acuerdo a la ley los indígenas tienen el derecho a exigir una reparación al dano, tanto en la cuestión moral, social o económica ""y se los tienen que pagar"".
""Desgraciadamente se ha acreditado que muchas veces el Ministerio Público actúa de mala fe, el MP se creó como un organismo de buena fe para procurar la justicia a favor de todos los ciudadanos; pero el individuo, el hombre la tuerce por cuestiones políticas, emocionales o económicas y se colude ya sea por el poder político, económico y no tenemos una justicia verdaderamente representativa"", asintió.
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