A tres días de que se lleven a cabo las elecciones en Chiapas, Ernesto López Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, confirmó que se han acumulado un promedio de 200 denuncias durante este proceso electoral y se han aplicado tres cateos en igual número de municipios, debido a las irregularidades que se han presentando.
En entrevista, refirió que la investigación de las anomalías se hacen a partir de las pruebas que se obtienen a través de las denuncias de los ciudadanos, en las que a veces se involucran a los servidores públicos y a personas que están relacionadas con actores políticos.
Después que se obtienen los datos, comienza la investigación “seria y científica” que está basada en los principios “de legalidad y de irrestricto apego a los derechos humanos”. Hasta el momento, la Fiscalía de Delitos Electorales ha realizado tres cateos en Frontera Comalapa, La Concordia y Simojovel.
Previo al 6 de junio, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones, se ha denunciado la solicitud del voto a cambio de dinero, despensas, materiales de construcción y otros beneficios.
El fiscal electoral manifestó que la dependencia a su cargo es una instancia ministerial, por lo tanto, tienen la función de prevenir, sancionar e investigar los delitos, con base en lo que está establecido en las leyes y códigos penales.
En las denuncias que ha recibido la Fiscalía, los quejosos también han señalado el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos políticos. Uno de lo aspectos que debe saber la ciudadanía, enfatizó López Hernández, es que las investigaciones en materia penal (tardan más en finalizar) tienen tiempos diferentes a las responsabilidades administrativas electorales.
El fiscal electoral remarcó que, aunque se presenten denuncias previo, durante y después de las votaciones, prevalece el principio de inocencia del acusado, por eso es que se debe integrar una carpeta que contenga todos los elementos que permitan al juez vincular a proceso a quien es señalado.
Aunque las sanciones son variadas, dependiendo la gravedad del delito, López Hernández refirió que las penas pueden oscilar entre uno y hasta 20 años de prisión para los señalados. El fiscal adelantó que acaban de hacer una solicitud de audiencia inicial (aunque los datos se reservaron), es decir, un procedimiento ante un juez en contra de algunas personas por la comisión de delitos electorales. Lo único que están esperando es que se fije una fecha para completar el proceso.
