Luis Eduardo Knnap Moreno, coordinador de Defensa de la Organización Internacional Artículo 19, informó que en Chiapas han detectado un recrudecimiento en hechos violentos perpetrados contra periodistas, muestra de ello, es que en los primeros seis meses de este año ya se cuentan con nueve agresiones.
Además, respecto al caso del periodista asesinado en Yajalón, Mario Gómez, mencionó que enmarca una serie de homicidios en México, en los cuales no existe una justicia completa, ya que las detenciones inclusive son forzadas y hasta torturadas para la autoinculpación.
Knnap detalló que por este realce de la violencia monitorean la situación del ejercicio de la libertad de expresión en la entidad, la cual se encuentra en una escala entre amarillo y rojo.
En su visita a Chiapas, el coordinador mencionó que en el caso de Mario Gómez, las autoridades buscan estigmatizar o criminalizar los acontecimientos, ya que hacen filtraciones a los medios para deslindar el caso de la actividad periodística.
“Inventan que tenían problemas con un grupo criminal o que pertenecían a uno, problemas con vecinos y hasta amorosos, ya que las autoridades buscan limpiarse políticamente y decir que el asesinato no tuvo que ver con su labor”, detalló.
El coordinador puso el ejemplo de Baja California Sur, entidad en la que se registró el asesinato de Rafael Murúa, donde en menos de una semana fue resuelto. “En menos de siete días ellos mencionaron que tenían resuelto el caso, que no fue por su labor, esto limita que la investigación llegue a la verdad”, añadió.
Sobre el caso de Mario Gómez, Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado, detalló que es complicado establecer una autoría intelectual-material, sin embargo, siguen con la investigación y no se le dará “carpetazo”.
Según lo dicho por el abogado, en el estado se documentan un total de nueve agresiones en los primero seis meses del año, lo cual denota un incremento de casos respecto a años anteriores.
“Sin tomar en cuenta la cifra negra, notamos un crecimiento. Se enciende un pequeño foco rojo, pero nos mantenemos pendientes al analizar los contextos”, manifestó.
En México, del año 2000 a la fecha, se contabilizan 129 periodistas y comunicadores asesinados, donde el 99% de los casos permanecen en impunidad. Sin importar el partido que gobierne, la falta de mecanismos de protección a periodistas, así como el acceso a la justicia, han permitido que estos casos queden impunes, informó la Red de Periodistas de a Pie.
Algunos de los hechos suscitados en Chiapas han sido amenazas, agresiones físicas, bloqueos informativos o declaraciones públicas estigmatizadoras.
Desacreditación
Sobre esta última, Knnap explicó que a la organización le preocupa que los gobiernos utilicen el discurso público oficial para atacar a periodistas y medios de comunicación.
“Lo vemos con el presidente y nos preocupa porque señalar a un medio y desacreditarlo, lo coloca en una situación mayor de riesgo, en un contexto de gran violencia que vivimos”, finalizó.
Sobre esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que los señalamientos y descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, así como contra personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, provenientes de altos funcionarios del Estado contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión y periodistas, y también para quienes promueven el respeto a la legalidad y defienden los derechos fundamentales, además de que muestran el agravamiento en muchos casos de las condiciones que dieron origen al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que resulta paradójico que muchas de las agresiones provengan de elementos de instituciones representadas en la Junta de Gobierno del Mecanismo que debe contar con mejoramiento constante en sus procesos, presupuesto adecuado para hacer efectiva la protección, personal capacitado y suficiente para atender a esos grupos poblacionales y ofrecerles la atención y respaldo de quienes en él laboran.
Precisó que, desde la CNDH, en distintos momentos se ha señalado que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión, ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es hacer uso de ella con pleno respeto a las opiniones diversas, ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que vean las descalificaciones como permiso para agredir a la prensa y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
