Ante el reciente cumplimiento de cinco años de encarcelamiento de la abogada y feminista de Amuzga, Guerrero, Kenia Hernández, por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa de Derechos Humanos, colectivas mesoamericanas señalaron que la situación visibiliza la criminalización de las mujeres indígenas que resisten al despojo, la impunidad empresarial y el sistema patriarcal; mientras exigieron la garantía de su derecho a la libertad, a la salud, y al acceso a un juicio justo y sin discriminación.
Antecedente
Desde octubre de 2020, Kenia Hernández, abogada feminista originaria de la comunidad Amuzga de Guerrero, se encuentra privada de su libertad en cárceles federales mexicanas.
Su detención, condena y reclusión han sido denunciada por diversas organizaciones nacionales e internacionales como un caso emblemático de criminalización de la defensa de Derechos Humanos.
Kenia fungía como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), donde acompañaba a víctimas de feminicidio, familiares de personas injustamente privadas de libertad, y se oponía a proyectos extractivos en territorios indígenas.
En octubre de 2020 fue detenida y trasladada al penal federal de máxima seguridad Cefereso 16, en Morelos.
Múltiples denuncias
Durante estos cinco años, Kenia ha denunciado múltiples violaciones a sus derechos: detención arbitraria, falta de acceso adecuado al proceso judicial, ausencia de intérprete en su lengua amuzga, condiciones de reclusión que ponen en riesgo su salud física y mental, y agravios como la negación del permiso humanitario para acudir al funeral de su madre.
Ante este panorama, la colectiva Im-defensoras señaló un patrón de criminalización dirigido a mujeres indígenas que defienden el territorio, las comunidades y bienes comunes frente a modelos extractivos, racistas y patriarcales.
Buscan doblegar la disidencia
El modelo, afirmó la organización, busca doblegar la disidencia: contra el despojo económico y contra el patriarcado.
Asimismo, exigió su libertad inmediata, demandando el reconocimiento de que su labor como defensora de Derechos Humanos no es un delito, y pidiendo que el Estado mexicano garantice su derecho a la libertad, a la salud, y al acceso a un juicio justo y sin discriminación.
“La libertad de Kenia es la única reparación posible para el daño que la detención le ha causado”, afirmó.
