Adriana Guillén Hernández, regidora y presidenta de la Comisión Especial con la empresa Veolia, informó que durante los siguientes meses se determinará un convenio en el cual la recolectora de basura tendrá que pagar estudios de impacto ambiental para determinar si existe una contaminación tanto en el Relleno Sanitario como el Tiradero Municipal clausurado.
La regidora comentó que ante los reclamos de la ciudadanía respecto a la contaminación que ha generado el manejo de la basura por parte de esta empresa, se realizará un estudio de impacto ambiental, el cual pagará Veolia y que el Ayuntamiento realizará con el apoyo de académicos de las universidades Autónoma de Chiapas, de Ciencias y Artes, así como la Politécnica.
Además, comentó que al principio de la relación entre Veolia y el Ayuntamiento, la empresa reclamaba un adeudo de 336 millones que luego se negoció y se estableció un acuerdo para pagar 162 millones en un periodo de 34 mensualidades que finalizará en septiembre de 2021, a un mes de finalizar el trienio.
En entrevista, la regidora comentó que el tema del manejo de la basura al llegar a la presente administración era un tema sensible. “Aún lo tiene, aunque ya no se llama Proactiva, la gente no confía, hubo un detrimento total, creo que nosotros no somos los causantes, pero teníamos que entrarle”, comentó.
Ante ello, dijo que al iniciar la administración se tenía un acuerdo económico con la empresa que no era favorable para el Ayuntamiento, en la cual tampoco era viable sacar a la empresa, ya que existía una fianza de 900 millones de pesos. Ante esto, se contrató a una consultoría para analizar el contrato y encontrar en qué se podía mejorar.
“Lo que se hizo fue estudiar el convenio anterior, marcaba muchos cambios, como la renovación del parque vehicular o contracción de celdas que no sucedieron. Cuando se denunció por contaminación, el Ayuntamiento dejó de pagar, lo que generó un adeudo al día de hoy de 336 millones, por facturas que desde 2012 habían dejado de pagar”, explicó.
Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes permitieron reducir la deuda y considerar nuevas adecuaciones para que la empresa cumpliera con su contrato.
“Decidimos pagarle y reconocer la deuda pero iba haber cambios. La empresa se comprometió a otorgar 15 millones de pesos para la campaña de contenerización de Tuxtla; asimismo, pagar un estudio de impacto ambiental para saber cuál es la fuente de contaminación basado en métodos científicos”, dijo.
Guillén mencionó que respecto a la contenerización, ya se acordó iniciar con seis colonias, pero hasta el día de hoy sólo se encuentra en Terán; al mismo tiempo, se realiza una campaña de sensibilización para que la ciudadanía adopte estas nuevas prácticas.
Respecto al estudio, este sería liderado por académicos de la Unach bajo un grupo multidisciplinario con el fin de establecer estudios que requiere el tiradero clausurado y el Relleno Sanitario, para saber de forma científica si existe una contaminación para los habitantes cercanos.
Sobre esto, Ángel Emmanuel Acheyta Villafuerte, defensor del ejido Emiliano Zapata, mencionó que a pesar de haber sido llamados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano no ha hecho nada para desentrañar el aumento en los casos de muertes por cáncer de estómago para los habitantes de este ejido, por una supuesta contaminación del Relleno Sanitario de Tuxtla Gutiérrez.
En la Resolución 24/2019 que emitiera la máxima autoridad jurisdiccional del continente en protección a derechos humanos, mencionó que las autoridades no han hecho ninguna acción para investigar la causa de muerte de sus pobladores y si están vinculados a una contaminación hecha por el Relleno Sanitario municipal.
Ante ello, el 24 de abril, la CIDH emitió la medida cautelar no. 1498-18 a favor de habitantes del ejido Emiliano Zapata, que según señala el documento “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Esto debido a que el caso se centra a raíz del fallecimiento de 21 pobladores del ejido por cáncer de estómago, entre ellos nueve niños, de forma prematura documentados del 2006 al 2018, que de forma preliminar estaría vinculado a la contaminación del Relleno Sanitario.
