Un grupo interinstitucional encabezado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, el Ayuntamiento de Tapachula y la PGJE, realizaron una visita al basurero municipal.
Durante la inspección constataron las pésimas condiciones laborales, de vivienda, escuela y carencia de servicios en las que trabajan familias en ese tiradero a cielo abierto del municipio de Tapachula.
Son unas 80 familias las que viven en esa zona en condiciones inadecuadas y en la que los menores toman clases en una escuela conformada por una galera situada a unos metros de el lugar.
El grupo se comprometió a buscar solución para que esas familias tengan sus viviendas en otro lugar, con acceso a educación y servicios, y que solo lleguen al basurero los que tengan que trabajar allí.
Encabezó la comisión interinstitucional que visitó la escuela del basurero, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Édgar Corso Sosa, así como regidores y titulares de diversas dependencias del Ayuntamiento.
Además, la fiscal de Derechos Humanos de la PGJE, así como organismos de la sociedad civil en la defensa de derechos humanos, entre éstos, el representantes de la Organización Todo por Ellos, Ramón Verdugo.
Tras un diálogo con representantes de los trabajadores del basurero, el visitador recibió distintas quejas sobre las condiciones inadecuadas que existen, pero sobre todo de explotación de la que fueron víctimas.
Responsabilizaron de lo anterior en el trienio pasado a gente de Samuel Chacón y a este mismo, ya que los obligaban a vender el PET a un precio mínimo y solo a Juan Ramón Macario, aunque reconocieron que a la salida de éste, el precio se liberó en más de 100 por ciento.
En entrevista, Corso Sosa señaló que se da seguimiento a un acuerdo de conciliación entre la parte afectada, que en este caso son los trabajadores, recicladores y personas que laboran en el basurero municipal, y que no fue cumplido a cabalidad.
Expuso que se va a trabajar para que participen las instancias del Gobierno del estado, la PGJE y el Ayuntamiento, para tratar esta situación humanitaria de un problema complejo al que se requiere dar atención.
Dijo que los migrantes son hermanos nuestros que tienen derechos y se lamenta que por diversas situaciones dejen su lugar de origen por la violencia y persecución de las que son objeto en su país. Al estar en nuestro territorio les garantizamos el respeto a sus derechos humanos.
