En una época en que las tareas del Poder Legislativo abultan una crecida agenda, los diputados han destinado sus primeras jornadas de trabajo a viajar, para lo cual usaron ya mil 629 boletos de avión en un mes, y a decorar sus oficinas, mediante la autorización de 14 millones de pesos para remodelar y acicalar los espacios que cada grupo parlamentario tiene en San Lázaro. Lo accesorio desplaza a lo sustantivo.
La Cámara de Diputados se reserva una gran discrecionalidad en el manejo de su presupuesto. Aun cuando diligentemente aprobó, enhorabuena, leyes de transparencia que permiten a la ciudadanía ejercer una severa fiscalización de los gastos del Poder Ejecutivo, los legisladores mantienen una privilegiada opacidad en el uso de sus recursos que, por proceder igualmente del erario, debieran ser abiertamente conocidos por los electores.
La penumbra puede ocultar una gran disparidad en los emolumentos de cada legislador, según las comisiones en que participa, sus actuaciones en tribuna o sus habilidades para lograr amarres.
Tampoco conocemos los recursos empleados en las asesorías que su trabajo demanda para disponer de informes, análisis y estudios en los que pueden basar sus decisiones. O si los hacen.
Eso con independencia de aspirar igualmente a transparentar el gasto de los cabilderos en San Lázaro, esos grupos de interés que aparecen en cada proyecto de ley, como ocurrió con las reformas a los ordenamientos en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
No es posible que cada Legislatura comience de cero el conocimiento no sólo de los procedimientos parlamentarios, sino del meollo de los grandes temas nacionales.
El desarrollo social y económico, es decir, el empleo, la educación, la salud, pero también la energía, las finanzas y las pensiones, la seguridad y la corrupción, deben ser enfrentados con un cuerpo legislativo bien asesorado, en tanto convenimos en modalidades de reelección adecuadas para nuestra circunstancia, que permitan la formación de verdaderos profesionales parlamentarios.
El asunto es espinoso, pero encararlo ahora será mejor que dejarlo pendiente suponiendo que desaparecerá por encantamiento, en lugar de empeorar y complicarse.
La falta de transparencia provoca suspicacias y molestias simplemente porque cuando el funcionario, o el legislador en este caso, está a salvo del escrutinio público, puede actuar con menos responsabilidades y sin rigor ético.
Si el Poder Legislativo quiere ser respetado, tiene que recuperar la confianza ciudadana. La mejor forma es permitir que entre la luz en su actuación. Ya vimos la soltura con la que un renombrado diputado, coordinador parlamentario, admitió públicamente haber votado a favor de la controvertida ley aludida párrafos antes sin haberla leído.
No queremos diputados cínicos, sino responsables y seguros de que su actuación puede ser aireada sin mengua de su dignidad política. Está bien que limpien la casa y reacomoden los muebles, coloquen cuadros a su gusto y pinten con tonos sedantes, pero que no olviden el núcleo de su tarea. Que sean serios. (El Universal)
