Tras dos años de investigación realizados sobre la situación que viven las niñas en Chiapas, María Teresa Olvera Caballero, integrante de la asociación civil Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, comentó que en 69 municipios del estado sigue vigente la práctica de las uniones forzadas, que obliga a las mujeres a contraer matrimonio o que vivan en unión libre, pero bajo presión.
Problemática
Explicó que esta situación no se da necesariamente con personas grandes, pueden ser jóvenes de la misma edad o hasta un máximo de 10 años de diferencia, aunque las consecuencias para las mujeres se pueden reflejar en el aspecto social, profesional y de salud.
“Que las niñas trunquen sus proyectos de vida, que dejen la escuela o puedan tener infecciones de transmisión sexual, contagio de VIH, embarazos que no son deseados”, puntualizó.
A la problemática sumó las afectaciones que se pueden generar durante el embarazo, parto o posparto, por tener una matriz pequeña o porque no se tiene la alimentación adecuada.
La investigadora mencionó que, tradicionalmente, ha existido una tendencia para decir que la mayor parte de estas malas prácticas sólo ocurren en zonas rurales; no obstante, se han registrado casos en Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cintalapa y San Cristóbal de Las Casas.
Desde la parte institucional, consideró que se tiene que ofrecer mayor información a las mujeres para erradicar la práctica y tengan derecho a una vida sexual responsable.
También es necesario plantear opciones de vida a largo plazo con la entrega de becas para que este sector siga con sus estudios o que se les enseñen diversos oficios que permitan la generación de ingresos.
Votaciones
En el marco de las siguientes elecciones en Chiapas, precisó que los candidatos tendrían que retomar estos temas y colocarlos en la agenda pública, porque se trata de una problemática real, tomando en cuenta que en el estado se registra un número considerable de embarazos en adolescentes.
Finalmente, hizo un llamado a todas las personas que van a participar en cargos de elección popular, en los ayuntamientos y el Congreso, para que implementen políticas públicas, acciones o leyes, para atender la situación.
