Aunque todavía falta un tiempo considerable para iniciar el proceso electoral rumbo a 2024, en las últimas semanas se han presentado situaciones de publicidad que se disfrazan de actos de buena voluntad pero, al parecer, conlleva una evidencia de posicionamiento de imagen de personas que son servidoras públicas, puntualizó la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.
Aunque se han dictado medidas cautelares para el retiro de la pinta de bardas, comentó que quienes han sido denunciados respondieron que no son ellos los que han fijado esos mensajes y desconocen cómo aparecieron.
Bajo lo antes señalado, dijo que el IEPC está implementando una estrategia que consiste en hacer requerimientos a los Ayuntamientos, para que colaboren con el órgano local en encontrar a los dueños de esos espacios y se pueda determinar quiénes están haciendo esos contratos.
“Alguien está pagando esa publicidad, sin duda alguna; alguien está gastando para pintar esas bardas”, añadió; en la parte donde hay equipamiento urbano, enfatizó, se pedirá a las autoridades municipales a que hagan el retiro correspondientes.
Investigación detallada
Una vez que se obtenga esa información, el siguiente paso será pedir informes a la Unidad Técnica de Inteligencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para efectos de comprobaciones de gastos y, en su caso, al Instituto Nacional Electoral (INE) por el asunto de la fiscalización, en caso que se detecte un acto anticipado de campaña.
La idea de estas estrategias, refirió la consejera electoral, es que cuenten con más elementos al momento de revisar las denuncias. Las bardas pintadas, comentó, implican para el órgano local un reto mayor, debido a que los nombres plasmados son comunes y no hacen identificable a una persona de forma directa; no obstante, se tienen que hacer las investigaciones de las quejas que lleguen.
“Yo no sé si podamos acreditar una responsabilidad directa a las personas, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que agotar todo lo correspondiente y que la publicidad sea retirada”, remarcó.
Vila Domínguez detalló que en este año se han acumulado unas 30 denuncias que están enfocadas en supuestos actos anticipados de campaña y promoción personalizada; de hecho, hay casos en que una sola persona acumula entre tres y cuatro quejas; en el IPEC dialogan para saber si se resuelven de forma conjunta o de manera separada.
