"Abenamar Sánchez * CP. A 45 días de que termine su mandato, el gobierno de Chiapas envió al Congreso, para su posible aprobación, unas iniciativas de decreto de constitución de 79 Villas Rurales Sustentables en 29 municipios y dos Ciudades Rurales Sustentables en Ixhuatán y Jaltenango La Paz, en los próximos tres años.
Ambos proyectos consisten en una concentración de localidades dispersas y pobres y en los que intervienen diversas inversiones, incluidas supuestos donativos de Iniciativa Privada y fundaciones, política que Olivier Shutter, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, recomendó a mediados del año pasado no se continuara mientras no se realiza una evaluación ""independiente y comprensiva"" para valorar las ""disrupciones creadas en los medios de subsistencia por la reubicación de las familias"".
Con la aprobación de la recientemente instalada LXV Legislatura, el Gobierno estaría sumando en teoría cuatro Ciudades Rurales, de las 25 que prometió en 2008 constituiría durante su sexenio, toda vez que ya existen dos Ciudades Rurales constituidas formalmente: Nuevo Juan del Grijalva y Santiago de El Pinar, y estaría comprometiendo al próximo Gobierno -como consta en la iniciativa de Decreto que está en revisión en la Comisión correspondiente del Congreso- para la creación de Villas Rurales Sustentables en 29 municipios, entre éstos Aldama, el municipio que ostenta el segundo lugar de los cinco municipios más pobres de México.
La pregunta -comentó anoche un especialista en el tema, quien pidió el anonimato- es ¿de dónde saldrá el dinero para financiar las 79 Villas y las dos Ciudades Rurales, y por qué busca se autoricen la constitución de éstas cuando ya está terminando la administración, a 40 días de que ésta concluya? La observación inmediata, respondió el especialista, es que la presente administración ""le estaría endosando un problema a futuro al próximo gobierno"".
En la iniciativa de ""Decreto por el que se reforma el artículo 12 Bis de la Ley de Categorización Político-Administrativa de los Núcleos de Población del Estado de Chiapas"" se expone que la Villa Rural deberá tener una población de al menos 300 habitantes y una microrregión de tres a 10 comunidades que sumen una población mayor a mil 500 habitantes, y deberá contar ""con un proyecto productivo en un lapso no mayor a tres años posteriores a su constitución"", además de priorizar el fortalecimiento de su equipamiento en servicios básicos y urbanos.
-¿No será un pretexto para contratar una nueva deuda? -respondió el doctor en economía Jorge López Arévalo, de la Sociedad de la Economía Mundial, cuando se le pidió su opinión sobre el tema. Recordaba la última aprobación de préstamo que autorizó al Gobierno contratar una deuda de 3 mil 870 millones de pesos para Financiamientos de Inversiones Públicas Productivas, un nuevo préstamo que colocó a Chiapas con una deuda pública de más de 20 mil millones de pesos y en el primer lugar, con el 8.1 por ciento, de los estados mexicanos más endeudados sobre su Producto Interno Bruto.
-¿De dónde vendrá el dinero? -también se preguntó él.
En una investigación titulada El ABC de la Ciudades Rurales ""Sustentables"", realizada y publicada en mayo de este año por Miguel Pickard White bajo el auspicio de varias organizaciones e instituciones, entre éstas el Proyecto Democracia y Territorio de la UNAM, el autor apunta que el propio gobierno ha informado que el 60 por ciento de los recursos provienen del gobierno federal (Ramo 23), el 25 por ciento recursos estatales y 15 por ciento donaciones de la iniciativa privada, entre éstas una empresa farmacéutica y una fundación que tendrían el ""monopolio para la venta de sus productos y servicios dentro de las Ciudades Rurales"".
Si bien el Gobierno saliente no logró erigir las 25 Ciudades Rurales prometidas durante su sexenio, de aprobar el Congreso las dos iniciativas de decreto sobre el tema de las Villas y otras dos que permitirían la constitución de las Ciudades Rurales Sustentables de Ixhuatán y Jaltenango La Paz, el próximo Gobierno asumiría la mayor parte de un compromiso adquirido y definido por su antecesor y puesto en tela de juicio, en julio de 2011, por Olivier de Shutter, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, tras una visita a las Ciudades Rurales de Juan de Grijalva y Santiago El Pinar, las únicas constituidas formalmente y cada una con un costo promedio de 400 millones de pesos.
El artículo 3, de los cuatro que sustancian la iniciativa de ""Decreto por el que se otorga a diversas comunidades del Estado la categoría de Villas Rurales Sustentables"", define que las dependencias estatales y municipales, ejecutoras de obra, realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, ""las acciones necesarias para garantizar la constitución de las Villas Rurales Sustentables a que se refiere el presente Decreto en un plazo máximo de tres años"". Es decir, la decisión afectaría principalmente la mitad de la próxima administración estatal.
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