Nueve indígenas tseltales pertenecientes al CNI, de la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, fueron vinculados a proceso por el delito de despojo, relacionado con la disputa de tierras con miembros de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao), informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“El día jueves fueron vinculados a proceso, el cual llevarán en libertad. Cabe señalar que la acusación por el delito de despojo es falsa y forma parte del sistema de criminalización en contra de quienes defienden el territorio”, agregó.
Reiteró que “la criminalización en contra de los integrantes del CNI de Jotolá no cesa, pero tampoco nuestra solidaridad colectiva. Gracias por la solidaridad nacional e internacional, por estar ahí en el proceso de lucha y resistencia. Sigamos alzando la voz ante esta injusticia”.
Dijo que los acusados son Manuel Moreno Pérez, José Moreno Hernández, Francisco Moreno Hernández, Jerónimo Moreno Hernández, Victorio Moreno Hernández, Carlos Moreno Hernández, Jerónima Moreno Hernández, Antonia Hernández López y María de Jesús Sánchez Gómez.
De todos ellos, Francisco está en prisión y María de Jesús firma periódicamente, mientras que los demás “corren el riesgo a ser detenidos por el único delito de tener dignidad, ser rebeldes y oponerse a la privatización de la tierra”.
Explicó que “las y los compañeros se presentaron a la audiencia con suspensiones definitivas, otorgadas mediante juicios de amparo para evitar que fueran detenidos en la audiencia y pudieran llevar su proceso en libertad”.
El Frayba manifestó que “el actuar arbitrario y parcial que ha tenido la Fiscalía Indígena de Chiapas y el juez del Distrito de Yajalón en el caso, generan un temor fundado de la familia Moreno Hernández de ser detenidos, a pesar de ser inocentes y acudir con amparo a juicio”. El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, denunció en su oportunidad que habitantes del ejido Jotolá, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario, “agredieron” el 12 de febrero y provocaron el desplazamiento forzado de ocho familias tseltales (30 personas), integrantes del CNI.
