Un estudio publicado en la Revista Pueblos y Fronteras, da cuenta del impacto devastador de la violencia y el desplazamiento forzado en la salud reproductiva y materna de mujeres en Chiapas.
La investigación, liderada por Magdalena del Carmen Morales Domínguez, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), combina testimonios de tres mujeres desplazadas en 2024 con un análisis de conflictos armados a nivel global, destacando la ausencia de estudios similares en México y la urgencia de políticas públicas adaptadas.
Cierre de salud
Las mujeres desplazadas enfrentan barreras para recibir atención prenatal y partos seguros. Josefina, una de las entrevistadas, relató que solo acudió a consultas médicas privadas por el cierre de unidades de salud en su comunidad.
Ximena, otra participante, perdió a su bebé a los seis meses de gestación por la falta de diagnóstico oportuno. El estudio señala que la mortalidad materna e infantil en zonas de conflicto supera la media nacional.
En ausencia de servicios formales, se destaca el papel clave de las parteras tradicionales, pero su labor se ve limitada por la inseguridad.
Entre 2021 y 2024, al menos dos mil 36 personas huyeron de municipios fronterizos como Chicomuselo y Frontera Comalapa por violencia de grupos armados, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Testimonios
Josefina, desplazada de Chicomuselo, narró: “Teníamos miedo de desaparecer. Mi bebé nacerá en un refugio, sin médicos ni dinero”.
Virginia, madre de cuatro hijos, explicó: “Tuve que comprar leche de fórmula porque el estrés me impidió amamantar. Ya no queremos más hijos”.
Ximena, tras perder un embarazo, mencionó: “El hospital no me dio apoyo emocional. Me sentí abandonada”.
Desplazamientos
Chiapas registró cuatro mil 229 desplazados internos entre 2019-2020 de acuerdo a la Comisión Nacional de Población, cifra que escaló en 2024 por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado en zonas fronterizas y Los Altos.
La investigación alerta que la violencia obstétrica, sexual y estructural se combina con la falta de infraestructura médica, agravando riesgos para madres y neonatos.
“Estas mujeres no son estadísticas. Su resiliencia exige respuestas concretas: acceso a salud, protección y justicia”, subraya la investigadora.