La violencia generada en el país por el crimen organizado ha llegado a niveles intolerables; éste, que se ensana para cometer asesinatos y ajusticiamientos, no es algo que se pueda volver cotidiano y a lo que tengamos que acostumbrarnos. En esto hay víctimas y victimarios y ninguno de los dos es deseable.
Esta semana se distinguió por la aparición de cinco cabezas decapitadas en un bar de Uruapan, Michoacán, con un mensaje escrito entre bandas, además de la ominosa ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigaciones del estado de Nuevo León, Marcelo Garza y Garza, quien hacía unas horas había dado a conocer el decomiso de un importante arsenal.
No vale como consuelo decir que son ejecuciones realizadas por delincuentes y que no afectan a ciudadanos comunes, porque sin duda la muerte violenta de mexicanos no puede ser algo disculpable, ni en la peor de las circunstancias. Mucho menos cuando se ha llegado ya a este nivel de degradación y desprecio por la vida humana, como es el cercenamiento de partes del cuerpo, a manera de ostentación de poder y advertencia de peligrosidad.
Por muchas razones la delincuencia ha dado sobradas pruebas de que ya ha rebasado al Estado y que cuenta con mayor organización y armamentos, lo que le ha permitido imponer este reino del terror en algunas entidades del país. Falta capacitación en nuestras policías, recursos para equilibrar arsenales y, sobre todo, probidad en algunas áreas de la procuración de justicia para evitar que los criminales cuenten con la impunidad que sus ilícitos negocios requieren para florecer.
No es posible que en la cruenta batalla contra el narcotráfico, por ejemplo, caigan cotidianamente policías y soldados muertos en cumplimiento de su deber, y en las cárceles se tenga sólo a mandos medios de las organizaciones, gatilleros si acaso, mientras que se presume el incremento de envíos de estupefacientes de nuestro país, no sólo a Estados Unidos, sino también a Europa y Asia. Se sabe que las bandas criminales tienden a regenerarse después de recibir un golpe, pero el Estado debe ser tan contundente que no permita esta regeneración de cuadros y el mantenimiento de rutas intactas.
Tampoco es permisible que errores administrativos coadyuven a esa impunidad, como en el caso de la liberación de tres presuntos narcotraficantes que se encontraban en el Reclusorio Norte y que fueron soltados porque no llegó un oficio de conclusiones acusatorias, con lo que se dio el contrasentido inverosímil de que fueron dejados en libertad y hasta les regresaron 330 mil dólares y un kilo de cocaína.
En este caso incluso habría que ampliar las investigaciones y explicar a la opinión pública las razones de tal descuido, para conocer si se cometió con dolo o por omisión, y, en su caso, saber quién fue responsable y a qué castigo se hace acreedor.
Sería lamentable que se bajara la guardia en esta lucha. La sana con la que se cometen los crímenes aún nos sorprende. No podemos confiarnos y decir que es algo que no afecta a la ciudadanía, porque podríamos tener al crimen organizado encima de los demás poderes de la República y eso no se puede permitir. O se actúa a fondo o perdemos la batalla. (El Universal)
