La defensa de la familia como una institución sana, capaz de formar ciudadanos productivos y respetuosos de la ley que sea el fundamento de una sociedad justa y solidaria, basada en la libertad y la vida democrática en todos los niveles merece la atención constante de las autoridades y de la sociedad civil.
La familia debe ser una entidad funcional y no una entelequia usada como bandera ideológica por grupos que poco entienden de la difícil condición de miles de hogares en un país como el nuestro. Para lograr hacerla funcional deben existir leyes e instituciones públicas que faciliten que ésta sea un factor de unidad, de integración, de solidaridad, de apoyo mutuo y, sobre todo, de libertad. Los desequilibrios causados por un sistema económico que no logra comprender la magnitud de esta entidad humana acaban minando el ideal enunciado y la convierte en escenario de uno de los fenómenos sociales más preocupantes de nuestros días, la violencia intrafamiliar, la cual tiende a descargarse en los más débiles de sus integrantes, como son los ninos, las mujeres y los ancianos.
Se ha hecho ya tan extendido el fenómeno en México, que se ha convertido en un problema de salud, como lo senala Sara Mondragón, coordinadora del Programa de Violencia de Género del gobierno del DF, la que dio a conocer un número creciente de casos de personas agredidas en el seno familiar, sobre todo de mujeres que son objeto de maltratos muy graves que ponen en peligro su vida.
Este fenómeno ha crecido después de anos de desatención de la familia debido sobre todo a los desequilibrios de nuestro deficiente desarrollo económico, lo que ha llevado a que, además del jefe de familia, otros de sus integrantes deban buscar el sustento de formas diversas, por desgracia algunas de ellas aun en contra de su propia dignidad o al margen de la ley. El desgarrador suicidio de una nina de 14 anos, habitante de la Magdalena Contreras, que se quitó la vida debido al terror a las represalias que le despertó haber perdido una cantidad de cocaína con un valor de 3 mil pesos, nos coloca en la inevitable posición de hacerle frente al problema y de formular una profunda autocrítica. No es posible que las autoridades de todo orden sean tan insensibles frente a fenómenos de esta naturaleza que niegan la validez del estado de derecho. Es necesario recuperar las condiciones que hasta no hace mucho le permitían a un jefe de familia promedio sostener con su salario a sus dependientes.
Pero, zcómo lograr esto? Si los gobiernos local y federal pagan grandes salarios a asesores y estudiosos del fenómeno social, no es posible que la descomposición que dibujan las circunstancias ya descritas siga adelante.
zQué no es posible que entre estos expertos haya alguno que pueda proponer un programa que empiece a dar solución a esta tragedia nacional de violencia y abuso?
Una sociedad en donde se tolera la agresión a la mujer y donde una gran cantidad de madres no cuenta con el apoyo de un companero generoso y solidario, no puede llamarse en verdad civilizada. Ante esta situación, la propuesta de eliminar solapadamente el divorcio como una garantía en contra del abandono a la mujer y los hijos, según dice el PAN en la ALDF, equivale a maquillar una situación que no puede permitirse bajo ninguna circunstancia, como es la de la violencia callada, solapada y cómplice. (El Universal).
