Adriana Rebollo Nucamendi, titular de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Derechos de las Mujeres, declaró que de cada 10 mujeres que denuncian violencia familiar en la entidad chiapaneca, solo dos continúan el procesos penal.
Rebollo Nucamendí explicó que en Chiapas, aún hace falta una cultura de denuncia, en la cual las víctimas, sigan el desarrollo de la demanda.
Aunado a lo anterior, la representante señaló que muchas de las denuncias desisten, debido a la falta de interés o en su defecto, a que las mismas son codependientes económicas de su pareja, o tienen miedo a perder la custodia.
La titular comentó que aunque la violencia familiar no reconoce estatus, los registros de denuncias, indicaron que son las mujeres de escasos recursos las que más se ven inmersas en este tipo situaciones.
Rebollo agregó que la implementación del nuevo sistema penal de juicios orales, colocó a la víctima y al victimario, en un escenario con los mismos derechos y obligaciones, por lo que ahora toda orden de aprensión lleva un proceso que pausa de manera intermitente la detención.
La funcionaria destacó que en 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado, giró 913 órdenes de protección, cifra de la cual solo 30 casos se vinculan a proceso, debido al desistimiento de las víctimas.
Finalmente, Rebollo Nucamendi dijo que la violencia familiar tiene una sanción de para quien la comete, de cuatro a siete años de prisión, de acuerdo con el código penal del estado, sin embargo, como el delito no es grave, puede alcanzar fianza, ser condenado a labor social o ingresar a un centro de rehabilitación para mejorar su conducta.
