En una atmósfera de crispación por la áspera retórica de las campanas electorales y las fricciones entre trabajadores y gobierno, resulta altamente peligroso el enfrentamiento ocurrido ayer en Texcoco, cuando la policía local desalojó a comerciantes ambulantes de flores, pertenecientes al ejido de San Salvador Atenco.
Un incidente aparentemente nimio se salió de control en medio de gases lacrimógenos, machetazos, disparos, golpes, cierre de carreteras y secuestro de camiones cisterna cargados de combustible. Todo, provocado por la incapacidad generalizada de dialogar, negociar y obedecer la ley.
Es inaudito que cualquier roce entre autoridades y demandantes culmine en violencia y no haya, en ninguno de los bandos, líderes, dirigentes o autoridades que apelen a la razón y al entendimiento.
En el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco existe el antecedente de haber impedido la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para el Distrito Federal. Tras un mal manejo en la negociación política del caso, el gobierno se allanó rápidamente a las presiones de lo machetes y los atenquenses le tomaron la medida.
No obstante, los incidentes de ayer en Texcoco no se circunscriben a los policías y a los centenares de ejidatarios involucrados directamente. Ni siquiera se detienen en las graves afectaciones y danos que causan a terceros. Alteran la normalidad de una vida social, económica y política del país, ya de por sí bastante resentida por la inseguridad, la corrupción y las estrecheces económicas.
Los atropellos exacerban los ánimos y nublan el entendimiento. En la delicada etapa que atravesamos, de efervescencia electoral y de falta de oficio para gobernar, los escenarios calientes se extienden con rapidez y atraen a quienes medran la inestabilidad y el desorden. Pocos advierten que, en un medio cubierto de yesca, el incendio es un riesgo permanente. Evidentemente, la responsabilidad radica en ambos lados: en una autoridad torpe que antes que persuadir echa mano de la fuerza, y en una comunidad que no admite que para ejercer sus derechos tienen que someterse a los mandatos de la ley. El resultado es la barbarie. Si quien tiene el poder no sabe emplearlo, y del otro lado no hay respeto a la autoridad sino pretensión de imponerse a la misma, retrocedemos mucho en el tiempo.
Entender y negociar son pilares de la convivencia social en democracia, pero parece que hay quienes prefieren que la ley del más fuerte supla los avances en materia de civilidad política que por muchos anos los mexicanos nos hemos empenado en construir. No se vale jugar con fuego y apelar a la violencia fácil, porque el día de manana nadie será capaz de detenerla. Los tres niveles de gobierno y todos los partidos políticos que los encabezan han de hacer un esfuerzo supremo por evitar que la sangre llegue al río cada vez que alguien se sienta agraviado por los actos de la autoridad. Ni la resistencia armada ni la fuerza pública son las alternativas válidas para un país que no desea que se multipliquen los violentos y los agresores. Diálogo y negociación se deben imponer a cualquier otra consideración. (El Universal).
