Los hechos violentos que se han desatado recientemente en el Distrito Federal y en la zona conurbada con el Estado de México alarman a todos sus habitantes y deben ser motivo de inmediata y eficaz atención de los responsables de la seguridad pública de ambas entidades.
La violencia en la metrópoli, que incluye cada vez más asaltos armados a personas de todos los niveles sociales, y el aumento de las ejecuciones al estilo de las del narcotráfico en las ciudades fronterizas están rebasando un volumen crítico, a partir del cual se puede desatar un efecto intimidatorio entre la población, lo cual llevaría a corto plazo a un grave deterioro de la convivencia social y política.
Para muchos ciudadanos la situación llega ya a la inhabitabilidad de la metrópoli; el miedo y hasta terror ante los hechos violentos recientes han provocado que algunas personas decidan abandonar la capital del país, lo cual es una solución extrema a un problema ya inaceptable, pues consideran que existe en este espacio un alto grado de impunidad y de corrupción en los medios policiacos. A pesar de los compromisos asumidos por las autoridades civiles y policiacas de la urbe, no ha mejorado el desempeno de las fuerzas del orden. Los sistemas de prevención e investigación criminológica se ven aquejados por vicios que dan la impresión de ser tolerados sin que nadie haga mucho por eliminarlos.
El problema se agrava hoy, puesto que los delincuentes se han adaptado a un sistema penal que facilita la liberación injustificada de criminales peligrosos gracias a jueces venales o irresponsables. El crecimiento del narcomenudeo, algo bien documentado por muchos investigadores en el mundo académico y del periodismo, lleva al surgimiento de prácticas que emulan a las de los grandes cárteles cuando se enfrentan por el control de mercados en la frontera norte.
Por desgracia, un miedo muy grave causa entre la población de la Ciudad de México esta violencia incontrolada, a la cual se suma la indignación por el aumento de los robos de vehículos cometidos con violencia, una modalidad que, ante la falta de eficacia de las autoridades preventivas, ha proliferado en los últimos meses.
Preocupa todavía más que mayormente las víctimas de este delito sean personas indefensas, como mujeres o ancianos. Da la impresión de que las autoridades se dan por aludidas sólo cuando alguien famoso es afectado por esos crímenes. Su respuesta acostumbrada es la de minimizar el problema y recurrir a estadísticas improbables para todos nosotros en las que, siempre, se dice que la delincuencia y el crimen van a la baja, sin probarlo en los hechos.
Pero el problema no es sólo de la capital y la zona metropolitana. También ocurre un grave y muy preocupante incremento de la violencia en la República Mexicana, en donde de forma cotidiana se sabe de crímenes, producto de ejecuciones cometidas con sana inaudita.
Esto no puede continuar así. Lo peor que puede ocurrir es que se nos haga costumbre conocer el número de ejecuciones cotidianas y lo veamos como parte de nuestro paisaje social sin solución alguna.
Así, la violencia, tanto en la capital del país como en toda la República, debe ser atajada ya.
Los encargados de prevenir la delincuencia deben informarnos, pronto, de resultados efectivos, lo mismo que quienes se ocupan de procurar la justicia para abatir la impunidad. No hay peor gobierno que el que no cuida a sus ciudadanos. No queremos pensar que los nuestros ven la violencia y cínicamente miran hacia otro lado. (El Universal).
