Karen Pérez, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), confirmó que se ha vuelto complejo la presencia de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a los diversos sectores en vulnerabilidad, en este caso a la población en movilidad migratoria, debido a la presencia de los grupos delincuenciales.
En la novena edición del informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que abarca el periodo 2021-2022, se visibilizaron los retos de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo humanitario con personas en movilidad migratoria, así como solicitantes de asilo y refugio.
En dicho documento, indican que los espacios humanitarios para migrantes han manifestado que la inseguridad mermó algunas de sus actividades.
“En Frontera Comalapa se suspendieron las visitas o monitores de las rutas, pues viajar en transporte público o particular, en ciertas zonas y horarios, representa un riesgo muy alto, incluso para los hermanos jesuitas”, publicaron.
En este sentido, Karen Pérez, a siete meses de la publicación de dicho informe, puntualizó del cada vez menor apoyo otorgada a la parroquia de Frontera Comalapa, único albergue para migrantes en activo, esto debido a la inseguridad.
“No hay nadie en la oficina de Frontera, tenemos un perfil muy bajo, entonces cada vez hay menos personas que llegan al lugar, por todo el clima de seguridad”, explicó.
Al mismo tiempo, la propia población considera un reto salir de los municipios, lo que hace compleja su movilidad.
“Hay muchos temas de crimen organizado entre uno y otro, disputas territoriales y desafortunadamente esa zona quedó aislada, quedó separada del resto y eso también tiene una reacción directa con las personas en tránsito”, consideró.