Aceptar sin ninguna evidencia de por medio que, tal como aseveran las autoridades federales, el reciente aumento de las ejecuciones, fugas y disputas violentas de bandas de narcotraficantes representan una reacción del crimen organizado ante la presión que el Estado ejerce sobre ellos no es más que una forma de enganarnos otra vez a nosotros mismos con un sofisma.
El incremento desmedido de la violencia criminal, y en especial de los asesinatos cometidos con extrema violencia por las bandas que actúan con una alarmante impunidad en casi todo el territorio nacional, demuestra simplemente que las autoridades no están cumpliendo con su cometido y con sus compromisos con la ciudadanía.
Claro que de haber ocurrido lo contrario y si hubieran disminuido estos actos violentos, las mismas autoridades encargadas de la seguridad también se estarían atribuyendo el mérito.
Pero los hechos sangrientos recientes muestran que el ámbito de la actividad del crimen organizado se ha extendido, tanto territorialmente como en el volumen de sus actividades.
Lo cierto es que en lo que va del ano se han cometido 490 asesinatos, en especial en los estados del norte, pero cada vez con mayor frecuencia en otras regiones, como el centro del país, en donde actividades como el narcomenudeo y los secuestros se han incrementado.
Es en verdad indignante que las autoridades no compartan el sentimiento de angustia que afecta a la población.
Acostumbradas a emplear la lucha contra la violencia como arma política, y a desechar todas las ejecuciones como simples ejemplos de ajustes de cuentas entre criminales, se olvidan de que las víctimas son, con mucha frecuencia, ciudadanos inocentes que se atraviesan en el camino de los criminales o que se resisten a sus exigencias.
Se ha senalado que el inocultable aumento de la violencia, ligada con el crimen organizado, es un indicador de que México sigue las tendencias más alarmantes que se han observado en algunos países sudamericanos, en donde la violencia se ha convertido en un mal endémico que ha diezmando regiones enteras durante más de medio siglo.
No podemos los mexicanos aceptar que esta tendencia se confirme, y para ello es indispensable que las autoridades encargadas de la seguridad nacional asuman una estrategia que ataque a fondo las causas sociales y económicas del crimen organizado.
Ciertamente, el enorme poder económico de los narcotraficantes se deriva de la clandestinidad de su comercio con drogas prohibidas en un mercado amplísimo, en el que la demanda no sólo no se ha combatido con efectividad, sino que hasta ha crecido.
Más de un observador asegura que, por lo menos en EU, se está perdiendo estrepitosamente esa guerra contra las drogas, que se lanzó en los anos 80, y que pronto se pudo ver que tenía algunos componentes políticos muy relacionados con sus metas asimismo políticas.
Independientemente de eso, es tiempo ya de que las autoridades de México empleen todos los medios a su alcance para detener la violencia abierta y amenazante del crimen organizado, este cáncer que amenaza con destruir el tejido social en nuestro país.
El problema del narcotráfico, así como otras variantes del crimen organizado, se nutre también del escaso desarrollo económico que afecta al país, una situación que empuja a grandes sectores en el campo a incurrir en actividades ilegales. (El Universal).
