"Francisco Valdés Ugalde * / El Universal. Los atentados reivindicados por el EPR contra las instalaciones de Pemex revelan, por una nueva vía, la debilidad del Estado en ausencia de reformas institucionales y, desde luego, la falta de visión de la clase política hasta donde la conocemos.
Con la información disponible para el público se pueden obtener algunas conclusiones y hacer algunas conjeturas con base en evidencia suficiente para que sean algo más que elucubraciones.
La primera y más obvia es que las medidas de seguridad tomadas para la protección de instalaciones estratégicas han sido insuficientes. Es evidente que las agencias que controlan la fuerza pública como la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, las secretarías de Defensa y Marina, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no pueden cubrir físicamente todas las instalaciones consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
Esto es cierto en cualquier caso y en cualquier país. La seguridad no reside en mantener una vigilancia perpetua sobre todos y cada uno de los dispositivos estratégicos. Pero esto conduce a la siguiente cuestión.
Si se toman en serio advertencias como las que hace más de un ano formuló Al-Qaeda en el sentido de que, en su afán por afectar a Estados Unidos, podría llevar a cabo atentados contra la industria petrolera de México, o las que ha anunciado repetidamente el EPR en su lucha por ""derrocar"" al gobierno, no podría más que suponerse que los sistemas de seguridad e inteligencia hubiesen sido adecuadamente reforzados.
Pareciera que en este renglón brilla por su ausencia la capacidad de los funcionarios encargados de obtener la información adecuada en tiempo y forma para conformar el sistema de datos con el que todo aparato de seguridad nacional debe contar. Es hora de saber lo que han hecho y lo que no han podido hacer en este renglón.
En el caso de los atentados contra ductos de Pemex, es evidente que el aparato de información para la seguridad (que no sólo corresponde al Cisen), no estuvo a la altura de las circunstancias. Y lo peor es que el público ignora de qué tamano es el desfase.
Este es uno de los puntos en los que hay que preguntarse hasta qué grado se ha construido un sistema de seguridad nacional que corresponda a los estándares de un Estado democrático.
Como en muchos otros aspectos de la vida nacional, hemos visto la lentitud con la que se despierta del letargo de las viejas prácticas políticas y burocráticas, fundadas en el supuesto de que existe en el Poder Ejecutivo una autoridad centralizada y vertical capaz de controlar los hilos fundamentales del poder y de llevar a cabo el trabajo sucio para prevenir o sancionar la ruptura delincuencial de reglas básicas.
Si bien ese supuesto ya no tiene correlato en la realidad, las prácticas en las que se basaba no han desaparecido. O zacaso ya no existe la arbitrariedad y la indisciplina en el sistema policiaco y militar del país? zEs que ya desapareció la corrupción entretejida en el sistema de gobierno y, por tanto, en el de la seguridad? Bastante ganaríamos con aproximarnos a la respuesta a estas dos preguntas para saber en dónde se encuentra la construcción de la seguridad del Estado democrático.
No debemos hacernos ilusiones a este respecto, ni debemos tampoco ser ingenuos. Ni las prácticas arbitrarias, de indisciplina, descoordinación y corrupción han desaparecido, ni la seguridad se construye con ilusiones de pureza.
Todo Estado y, por consiguiente, todo Estado democrático se constituye como ""monopolio de la violencia legítima"". Si en el pasado esto apelaba a métodos desaseados por ilegales, hoy carecemos de método alguno, pues ni la legislación ha sido revisada con pertinencia ni los mecanismos de seguridad han sido adaptados para funcionar sobre el principio de defensa de la voluntad popular y usar la fuerza en concordancia con él.
Todos los gobiernos democráticos del mundo o cuentan con o requieren de un sistema de seguridad apto y sólido. Nadie puede confiarse de que la mera apelación a la política como único ámbito legítimo y legal de resolución de los asuntos colectivos ha de convencer a quienes piensan lo contrario. Lo mismo vale para el crimen organizado.
Ningún gobernante en una democracia consolidada compartiría supuestos ingenuos respecto de cómo se debe tratar con los que desafían la legitimidad y la legalidad democrática. Tampoco dudaría acerca de cómo prevenir el desafío. La seguridad pública en un Estado democrático se funda en una legalidad que permite a su aparato de seguridad actuar con experiencia, firmeza y decisión ante las circunstancias imprevisibles originadas en formas organizadas de delincuencia, sean o no de carácter político. Es el lado oscuro de la luna, pero de la luna al fin y al cabo.
En el caso de México esta convicción parece no haber echado raíces en la clase política. Aún falta consenso sobre este principio consustancial al Estado democrático de derecho.
Y ocurre en este tema como pasa con otros de interés fundamental. Las divisiones y diferencias entre los grupos de la clase política (no solamente entre los partidos), no justifican la irresponsabilidad al cuidar de los intereses básicos del país. Cada día es más clara la ausencia de rumbo y la obscena justificación de la discordia en razones imaginarias. Y esta falta no lo es de claridad en alguna de las partes en el conflicto de la política, sino en la negligencia para asumir la jerarquía democrática devenida de las urnas y la responsabilidad de cada uno en el lugar que le fue asignado por ellas.
Por más doloroso que sea asumirlo, el Estado se defiende, en última instancia, con las armas, y un Estado democrático no puede evadir esa responsabilidad. La ""dictablanda"" quedó atrás; es hora de tomarse en serio la democracia. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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