El Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece la sanción de hasta 18 años de prisión a funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, así como la misma penalidad a periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que publiquen dicho material sensible.
La modificación se hizo al artículo 225 del Código Penal Federal, la cual también contempla multas de hasta 232 mil pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas.
En respuesta a esta determinación, el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, expresó: “Siento que no estamos de acuerdo con esa resolución porque hay que guardar ciertas figuras cuando son presuntos responsables, pero aquí la difusión de imágenes de hechos ya realizados, yo siento que hay que darle difusión a manera de que puedan encontrarse y que sean coadyuvantes de las propias autoridades para que cumplan con sus funciones”.
Consideró que es necesario ponerle un alto a las autoridades que expongan que están investigando un caso del cual no hay resultados positivos: “Ya basta de que las autoridades digan de que están estudiando, están investigando y nunca hay buenos resultados o se lavan las manos, cuando son hechos de carácter federal; las autoridades locales dicen que no les corresponde y las autoridades federales dicen que son hechos locales que tampoco les corresponden”.
Justicia del pueblo
Lo anterior —sostuvo— ha provocado que el propio pueblo busque hacer justicia por propia mano, dando paso a la creación de las organizaciones denominadas como “autodefensas”.
“Ante la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales, el propio pueblo se está organizando para defenderse”, por lo que “para prevenir este tipo de situaciones, está la aplicación de la ley”, acotó.
