"Dos de cada 100 hogares en México viven en condiciones de hacinamiento, en casas erigidas con materiales improvisados o en zona de riesgo, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal y el Centro de Investigación y Documentación de la Casa. El país no ha logrado un balance entre una política de vivienda financieramente sustentable -no asistencial- y una que ofrezca un lugar digno dónde vivir a la mayoría que no tiene capacidad para adquirir hoy un préstamo hipotecario.
Bancos y empresas dedicadas al financiamiento de inmuebles tienen como prioridad hacer negocio con el menor riesgo posible, lo cual implica negar crédito a estratos sociales de bajos ingresos. Es su papel, al fin y al cabo, arriesgar demasiado puede ocasionar una crisis de falta de pagos como la desatada en Estados Unidos por las llamadas ""hipotecas basura"".
Frente a esa realidad, el Estado tiene la obligación de hallar alternativas de interés social y no sólo económicas. Es un derecho humano fundamental, también consagrado por nuestra Constitución, de toda persona a una vivienda digna. Lo anterior no significa, desde luego, que el gobierno federal deba comprarle casa a todos los habitantes, sería impagable. Sin embargo, sí debe junto con entidades, municipios y también la iniciativa privada, proporcionar alternativas.
México lleva décadas de atraso. En 2003, el relator especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, advirtió, de visita en nuestro país, que con el ritmo de crecimiento poblacional actual necesitamos construir 750 mil viviendas nuevas al año para satisfacer la demanda. ""México ha puesto en marcha varios planes hipotecarios de vivienda, pero en su mayoría orientados hacia los empleados de ingresos medios del sector estructurado, lo que prácticamente ha excluido a los pobres que están empleados en la economía informal, el 40 por ciento de la población"".
No sólo es asunto de números, sino de calidad. El hecho de que las construcciones sean diminutas, en lugares sin servicios, mal planeados, poco higiénicos y apartados de los centros de trabajo, va más allá de una mera comodidad; afecta la convivencia social y el sano desarrollo de las familias.
Facilitar vivienda para ocho millones de personas y construir 750 mil nuevas edificaciones al año para satisfacer la demanda requiere de planeación, recursos y tiempo. Es un esfuerzo que requerirá el consenso de legisladores y gobernantes. Mientras, bien harían las autoridades en ordenar el caos en que viven miles de personas con casas aledañas a basureros, en predios invadidos o zonas de riesgo. (El Universal)
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