Ana Laura Mondragón * CP. Entre las iniciativas que se prevén aprobar en el Congreso el próximo miércoles en la que será la segunda sesión extraordinaria, se encuentran las reformas al Artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual contempla las diferentes formas de sanciones administrativas y económicas a los funcionarios que puedan ser implicados en algún mal manejo.
Este artículo destaca multas en beneficio directo del erario estatal; por lo que a partir de la próxima semana, con la aprobación de dichas reformas, algunos de sus apartados podrían dar un giro.
No obstante, no puede descartarse que dichos cambios a esta Ley pudiera obedecer como una forma de protección al ex Gobernador del Estado, esto con el objetivo de desechar la posibilidad de que se pueda llevar a cabo un posible juicio político, ya que actualmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos senala que de iniciarse un proceso tendría que hacerse dentro del primer ano de dejar su encargo en el Gobierno Estatal, de lo contrario quedaría descartada dicha posibilidad.
Y es que hasta este día, en el Congreso local no se ha mencionado de manera explicita cuáles serían las reformas que se contemplan en este artículo, cambios que se podrán observar hasta que sean publicados en el Diario Oficial del Estado.
Entre algunos de sus apartados destaca esta Ley cuya publicación inicial marca el 25 de enero del 89 y cuya vigencia marca el 21 de diciembre del 2006, en un primer apartado que la ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución.
Así como la suspensión destitución o inhabilitación que se imponga a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán del orden público y tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la Ley correspondiente, cuyas sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario estatal.
