La Cámara de Diputados ha aprobado la iniciativa que garantiza el voto de los mexicanos en el extranjero, la cual, luego de ser revisada y en su caso ratificada en el Senado de la República, podría entrar en vigor en las próximas elecciones federales, pero sólo permitiría elegir al jefe del Poder Ejecutivo federal y, por lo pronto, exclusivamente votarían en algunas ciudades de Estados Unidos.
La iniciativa había sido cabildeada por mucho tiempo en el Congreso, tanto por los propios partidos políticos interesados en contar con esos sufragios, como por las propias organizaciones de mexicanos en el exterior, deseosas de hacer valer sus derechos ciudadanos.
En espera de la decisión senatorial, por lo pronto han surgido inquietudes sobre la viabilidad para implementar ese voto. Legisladores federales y aun consejeros del propio Instituto Federal Electoral (IFE) recelan de que la cantidad de recursos asignados para tal fin 200 millones de pesos sea suficiente, así como que a 11 meses de echar a andar tan importante proceso resultará difícil llevar a cabo un trabajo de diseno electoral apropiado, además de que no se han realizado las negociaciones pertinentes con autoridades federales y estatales de Estados Unidos.
La premura de tiempos también impide extender el derecho al voto a ciudadanos mexicanos con sede o tránsito en otros países del mundo, lo que tampoco es equitativo, por más que se argumente que el mayor número de mexicanos reside en el país vecino. Tampoco se establecen en la iniciativa aprobada los mecanismos de control con los que el IFE debería garantizar que los sufragios emitidos extraterritorialmente no serán objeto de alteraciones en su camino hasta su cómputo final.
Este tipo de vacíos jurídicos son los que hay que aclarar o, en su caso, enmendar durante el proceso legislativo antes de su aprobación definitiva y cuyo límite es el 15 de octubre próximo. El voto en el extranjero es un derecho de los mexicanos. Ciudadanos de otros países, cuya democracia está consolidada, gozan ya de esa prerrogativa. No obstante, en nuestro caso debe implementarse de manera sólida, sin titubeos ni premuras, porque si esos votos resultaran al final de la elección decisivos para definir ganadores y su proceso se encontrara viciado de origen, entonces se danará el procedimiento electoral por completo y las autoridades así electas carecerían de la legitimidad suficiente para gobernar. De ahí la importancia de no precipitarnos en aprobar una herramienta electoral que si bien pudiera resultar útil, mal usada podría revertirse a quien la aplicó con defectos.
No debemos tener miedo a las modalidades que nos impone la democracia representativa, pero sí tenemos que ser responsables en la forma en que la administramos. Pudiera incluso revisarse si, en efecto, 2006 es el ano ideal para comenzar a aplicar este recurso, o bien si la prudencia recomendara postergar su aplicación al siguiente proceso electoral federal, donde se renueve la Presidencia de la República.
Los senadores tienen ahora la alta responsabilidad de pensar qué es lo que más conviene al país en los actuales momentos, haciendo a un lado consideraciones extraelectorales o de facción. Tarde o temprano los mexicanos residentes en el extranjero harán uso de sus derechos electorales, pero a plenitud, sin limitaciones ni suspicacias, porque así deben ser los comicios. México espera de sus legisladores un análisis serio y ponderado de los pros y contras de la iniciativa y no dictámenes aprobados de forma precipitada. (El Universal).
