El Comité Judicial de Estados Unidos dio ayer un paso importante en materia de trabajadores migratorios: propone legalizar la estancia en su territorio de millón y medio de trabajadores agrícolas inmigrantes, elimina castigos contra activistas, médicos y religiosos que ayuden a indocumentados y autoriza 400 mil visas anuales de trabajo, mediante las cuales un inmigrante podría ser elegible a la ciudadanía.
Como es natural, la propuesta tiene que ser sometida al pleno de la Cámara Alta estadounidense, pero hay razonables probabilidades de que sea aprobada, pues es fruto de un proceso de negociaciones laborioso y prolongado entre legisladores con posiciones radicales y senadores de trayectoria liberal.
El tema de los trabajadores migratorios tiene un pico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos demandó braceros para suplir en las plantaciones agrícolas a los granjeros que habían tomado las armas. Este ha persistido más de medio siglo porque Estados Unidos sigue necesitándolos y México no tiene empleo para todos. Asumir que es un fenómeno que compete a ambos países ayudará a que el flujo migratorio sea legal y ordenado, en beneficio de la economía de las dos naciones, de la seguridad internacional y de la integridad personal de los trabajadores, que deben recibir un salario justo y todos los derechos laborales establecidos en la ley.
La propuesta del Comité Judicial del Senado norteamericano considera las preocupaciones manifestadas en los dos países, por lo que puede prosperar en el Congreso. En particular, la despenalización de la ayuda a los trabajadores migratorios provista por organizaciones comunitarias, humanitarias y religiosas es consistente con la defensa de los derechos humanos que Estados Unidos mantiene en todo el mundo como parte de su instrumental diplomático. No habría congruencia en su discurso de abogar por las víctimas que veían vulnerados sus derechos humanos en ultramar y castigar a quienes auxiliaban a los trabajadores indocumentados hambrientos, perdidos o desfallecientes en la propia casa. Esta es una veta fina y esencial de la propuesta legislativa.
La negociación sobre los modos de regular el flujo de los trabajadores migratorios ha sido permanente durante decenios, no es tema de los últimos cinco anos, sin menosprecio del trabajo realizado por el actual gobierno.
Seguirá ahora la discusión legislativa en el pleno, no obstante, falta mucho por conseguir en beneficio de nuestros trabajadores en aquel país. La preocupación norteamericana se centra en regular un flujo migratorio legal y en cuidar que en ese flujo no se mezclen delincuentes ni mucho menos terroristas, lo que no ha ocurrido.
Está probado que el trabajo de los mexicanos que emigran es útil y benéfico para la sociedad y la economía estadounidense, por lo que es justo y procedente que quienes lo realizan queden encuadrados, desde el principio, en la normatividad legal de la nación que los acoge.
Con buena voluntad, dos países vecinos, México y Estados Unidos, pueden llegar a entendimientos mutuamente favorables. Pero la negociación internacional requiere asentimientos de los Congresos, donde se encaran libremente todos los diversos intereses en juego en un país que dice funcionar con reglas democráticas.
Vemos cómo se da un paso en un camino aún largo, pero este es, sin duda, un paso de importancia que tiene que ver con la razón y la justicia. (El Universal).
