El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), Arturo Marí Domínguez, lamentó que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 contenga recortes a diversos rubros importantes para el desarrollo de muchos sectores y sobre todo a órganos autónomos cuya actuación se verá limitada.
De acuerdo al presupuesto aprobado se recortará alrededor de cuatro mil millones de pesos a órganos como la Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ifetel y Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Manifestó que se entiende que la intención es que el dinero se vaya directo a los productores, sin embargo, “va más enfocado a los pequeños productores, y no hay que dejar de lado a los grandes productores que son quienes finalmente producen grandes cantidades de alimentos”.
Por otro lado, mencionó que el presupuesto limita el campo de acción de los organismos autónomos, que si bien son desconcentrados se van a ver limitados en sus actividades. “Órganos como la Fiscalía, la seguridad es un tema importante, sobre todo en el contexto que vive México actualmente”.
Sobre el presupuesto para Chiapas, que de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es la quinta entidad en recibir mayor participación federal con más de 90 mil millones de pesos.
El líder empresarial dijo que la opinión compartida de los diferentes representantes de los sectores productivos que integran el consejo, es que se debe dar más prioridad a la transparencia y rendición de cuentas, específicamente en el presupuesto federal por lo que implica.
Tiene que darse un ejercicio del gasto muy razonable, que permee en la economía del estado, porque a fin de cuentas al no tener industria Chiapas depende en gran medida del presupuesto que ejerzan los gobiernos.
Es necesario que no haya subejercicios y se ejerza el gasto como se programe, y sobre todo que se vigile la transparencia de los mismos.
De cara al proceso electoral del 2021, refirió que si bien los programas sociales federales han sido tradicionalmente en el pasado trampolines para el impulso de algunas campañas, se espera no sea el caso.
Sin embargo, la iniciativa privada solicita una revisión minuciosa y permanente por parte de la Auditoría General del Estado y la Federación, para garantizar que el gasto público se ejerza de manera razonada.
Importe mencionar, que este martes el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial de México, anunciaron un plan para invertir en 147 proyectos de infraestructura hasta 42 billones de pesos.
En México el 80 por ciento de la inversión general es realizada por el sector privado, mientras que el resto corre a cargo del Estado y es la semilla para detonar el crecimiento.
El plan es desarrollar 42 proyecto al sur, 45 al centro, 49 al norte y 11 a lo largo del país; estos en transporte, carreteras, ferrocarriles y trenes suburbanos, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía, energía eléctrica, turismo y salud; se buscará concluirlos entre 2020 y 2024.