La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), es un área que comenzó a operar en junio del 2019, bajo la misión de dirigir todas las estrategias institucionales para combatir los casos de tortura cometidos en perjuicio de las personas representadas por defensores públicos.

En el informe anual 2020-2021 se mostró un registro de 7 mil 779 posibles casos de tortura o malos tratos, y de estos se presentaron 2 mil 271 denuncias formales, porque varios de los casos ya se habían atendido o estaban en proceso de atención.

Para el cierre del 2021 se habían presentado 180 denuncias respecto a mujeres y 2 mil 91 respecto a hombres.

En ese mismo periodo, en Chiapas se registraron 49 denuncias presentadas por parte de la Secretaría Técnica o defensores públicos federales.

Víctor Manuel Parada Picos, subdirector en susodicha Secretaría Técnica, indicó que monitorean a nivel nacional los casos de tortura, se presentan las denuncias correspondientes y también se trabaja en el impulso de las investigaciones.

En una estrategia para fortalecer este trabajo, el instituto lleva casos con elementos que podrían ser útiles para discutirse a nivel internacional, como en el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU.

Hizo referencia al caso de Leopoldo, quien sobrevivió a actos de tortura por parte de elementos de la Policía Federal. En julio del 2012 fue detenido en Morelos por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del ejército.

Indicó que este caso es sumamente ilustrativo de los efectos devastadores que puede tener el sistema de justicia penal sobre las personas. El señor Leopoldo tiene 67 años, es campesino, y en su momento trabajaba como albañil, recolectaba latas y envases de plástico para vender; hoy día está perdiendo un ojo por la saña de los golpes, padece hipertensión y tiene miedo de las represalias que pueda sufrir.

En marzo del 2016, el juez Segundo de Distrito en Morelos libro´ una orden de aprehensión en contra de los agentes federales por su probable responsabilidad en el delito de tortura, pero a más de cinco años no se ha logrado capturar a ninguno.

En noviembre del 2019, el IFDP tomó el caso a través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. El propósito es que pueda esperar la sentencia que ha esperado por más de nueve años (en libertad), es decir, que pueda terminar su proceso estando en su casa, pero no se ha resuelto debido al uso arbitrario de la prisión preventiva.