"Francisco Valdés Ugalde * SUN. Ha llegado a término la parte crucial del proceso electoral. Los diputados y senadores del Congreso han ocupado sus asientos, el Tribunal Electoral calificó la elección y extendió la constancia de presidente electo a Felipe Calderón. El nombramiento de las nuevas autoridades legislativas y ejecutivas se ha completado. Vienen por delante tres meses para organizar la transición administrativa e integrar un programa de gobierno que debería responder a las necesidades de conciliación política e integración social.
México puede tomar la delantera en la superación del consenso de Washington (por la izquierda). La asignatura prometida por el candidato Vicente Fox sigue pendiente: integrar la política social con la política económica. zQué significa esto? Primero que nada, que los artículos de fe en que la tecnocracia convirtió los principios del neoliberalismo y que se tradujeron en nuestro país en su versión más vulgar de ideología de mercado y no en economías modernas deben dejarse atrás. Como ideologías sirvieron para realizar, bajo condiciones hegemónicas, las primeras reformas ""de mercado"", que fueron reducidas a la entrega de empresas públicas a manos privadas en condiciones monopólicas u oligopólicas.
No puede pensarse en una economía moderna capaz de integrar grandes sectores de la población cuando todo mundo sabe y experimenta en su vida diaria el monopolio de las telecomunicaciones que ha acumulado tal poder que sometió a sus dictados al Poder Legislativo con el respaldo del Ejecutivo.
Otro tanto pasa en el sector financiero: basta entrar a un banco a abrir una cuenta y percatarse de que las comisiones que se cobran han adquirido una desproporción inaudita respecto de los servicios y la protección que ofrecen al ahorro privado. Son estos sólo dos ejemplos de cómo en las condiciones políticas de la transición mexicana se reedita la vieja tradición oligárquica que nos persigue desde Nueva Espana y según la cual los duenos del dinero, lejos de evolucionar hacia la condición social de emprendedores, se limitan a lucrar inescrupulosamente gracias a privilegios artificiales que les brinda el poder político.
El conflicto político electoral que ha inundado la vida pública distrae al país de estos hechos, que no pueden resolverse por medio de proyectos extraídos de los desvanes de la historia, sino innovando creativamente en la formulación de las leyes y la aplicación de estas como políticas públicas con aliento de futuro.
La justicia, los sistemas de procuración e impartición de justicia, deben jugar en esto un papel determinante, y no lo están haciendo. Las reformas al Poder Judicial de la Federación se han orientado principalmente a la impartición de justicia entre los poderes del Estado. El quehacer de la Suprema Corte se ha concentrado significativamente en resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. El juicio de amparo, que debiera proteger al ciudadano promedio de arbitrariedades de la autoridad, resulta de difícil acceso, y la realidad de la justicia penal nos acerca a la Edad Media. Normalmente no existen formas eficaces ni eficientes de corregir actos del Ministerio Público cuando, en no pocas ocasiones, este es corrompido por los criminales. Las facultades de esta institución para decidir si actúa o no en contra de acusados son excesivamente discrecionales y, frecuentemente, la posibilidad de hacer justicia se deshace en las antesalas de los procesos.
La justicia civil no presenta un panorama demasiado optimista. No hay que ser juez ni abogado para comprobar que los incentivos para reclamar un derecho propio son muy pocos frente a las desventajas y costos que implica hacerlo, y la ayuda profesional es cara, aun para quien tiene la condición de procurársela.
zAlguno de nuestros ilustres políticos siquiera se ha preguntado sobre los enormes efectos distributivos que tendría un sistema de justicia bien organizado, administrativamente pulcro y cerca del alcance de las personas? No se ha dado atención a este factor, que ha sido central en la evolución de los pueblos desarrollados, porque la transición se ha orientado en exceso a crear las condiciones para el funcionamiento de los poderes representativos que arrancan de los partidos para culminar en los órganos de gobierno del Estado.
El empoderamiento de las personas no ha estado en la agenda de los conductores de la política nacional. Ni desde el punto de vista económico ni desde una perspectiva de Estado. Esto no significa que no tenga sentido la presencia de partidos representativos (que poco lo han sido), sino que en una sociedad democrática no deben tener el monopolio de un poder que corresponde ejercer a los ciudadanos en la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus capacidades.
Si Felipe Calderón quiere rebasar al PRD por la izquierda, como lo afirmó hace algunas semanas, tendrá que proponerse al menos estos dos objetivos. Vincular la política económica con la política social para que ésta deje de ser un apéndice subordinado de aquélla y, por el contrario, la corrija y oriente. Y abrir de par en par la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia de modo que los ciudadanos tengan acceso a una justicia efectiva y expedita.
Poder en los bolsillos y poder de hacer cumplir el derecho propio a través de instituciones.
Si algo revela el fondo del conflicto político postelectoral es la enorme desconfianza de millones de ciudadanos en las instituciones del Estado mexicano. Estamos cansados de ver cómo se salen con la suya corruptos y criminales, mientras la mayoría no recibe los servicios que el Estado está obligado a proporcionarle, desde maestros hasta jueces. Es el momento de pensar en serio que en lo que sigue está el desahogo del cúmulo de asignaturas pendientes con la sociedad. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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