Dos elementos empanan seriamente el proceso electoral que ha entrado a su etapa final: por un lado el condicionamiento que hacen algunos partidos políticos a firmar el acuerdo de civilidad sólo si antes se audita el padrón electoral, y por el otro, la acusación que pesa sobre Diego Hildebrando Zavala, cunado del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, de haber recibido contratos en la administración pública federal, en el tiempo que su familiar fue funcionario del gabinete.
Ambos casos abren serias dudas sobre la genuina disposición de los actores políticos a celebrar comicios legales y pacíficos.
Una vez concluido el debate del pasado martes entre los candidatos, parecía que el país había alcanzado por fin un punto de equilibrio, que abría la puerta a que, de cara a la recta final de las campanas, la ciudadanía pudiera evaluar serenamente el sentido de su voto, basada en las ideas y propuestas de cada partido. Mejor todavía, ahí se planteó la posibilidad de que se firmara un acuerdo de civilidad en el que todos los participantes reconocieran y aceptaran la veracidad de los resultados electorales.
Sin embargo, a la hora de negociar el acuerdo de civilidad surgió la exigencia de auditar primero el padrón electoral y condicionar a ello su firma, lo cual es un despropósito a 25 días de las elecciones. La exigencia sorprende porque son los propios partidos políticos los que, por ley, tienen acceso desde hace varios anos al listado nominal de electores, pudiendo haber desplegado desde entonces cualquier tipo de metodología para revisarlo; y aun más, la última gran auditoría al padrón se hizo en mayo de 2005 y contó con el aval de todos los partidos. Pretender revisarlo a estas alturas no sólo es inaudito; suena a demagogia y provocación.
Se sabe que el padrón es un instrumento imperfecto, por la cantidad de altas y bajas diarias que tiene, por un sinnúmero de cambios de domicilio y circunstancias inesperadas a las que se enfrenta, pero aun así está respaldado por el Instituto Federal Electoral y por el Registro Federal de Electores, por lo que no se puede poner en duda su legitimidad. Y mucho más si falta tan poco tiempo para la jornada electoral.
No pueden, partidos, candidatos o ciudadanos, dudar de la imparcialidad de los órganos electorales, porque entonces todo el proceso estaría bajo cuestión y la democracia carecería de sustento en el país. Es peligroso dudar de las instituciones y más aún hacerlo cuando ya se lleva muy avanzado el proceso.
Por lo que respecta al caso del cunado del candidato presidencial del PAN es indispensable que quien acusa, pruebe, y quien dice que no es así, lo demuestre. Pero esto urge, porque de no hacerlo, el proceso electoral incrementará aún más la turbulencia política que ya vivimos, que a nadie conviene y que puede hacer mucho dano a todos los partidos, sin excepción. Por supuesto que si hay algún delito se debe castigar con la ley, pero si, por el contrario, se determina que el caso carece de sustento, entonces así debe senalarse.
Es lamentable que esta nueva circunstancia nos ponga frente al espejo de la duda, pero peor aún que esta duda surja por voluntad de quienes deben estimular la democratización y transparencia del país. (El Universal)
