"Universal * Agencias.Varias reformas significativas se han conseguido en lo que va del ano. La primera, sorpresiva para todos, fue la de la Ley del ISSSTE, que resuelve temporalmente la carga fiscal de las pensiones que gravitan sobre esta institución. La segunda fue la Ley para la Reforma del Estado, mediante la cual el Congreso se comprometió a conseguir acuerdos sustanciales sobre el régimen jurídico en cinco materias: régimen de Estado y gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, Poder Judicial y garantías sociales.
Se ha dado el paso constitucional en materia electoral, que ya consiguió los votos necesarios de las legislaturas estatales para hacerse efectiva. Por último, se ha conseguido una reforma fiscal que incrementa la recaudación en apenas un punto porcentual del PIB, de 8 a 9 por ciento por concepto de impuestos directos, una de las más bajas del mundo.
Después de las acentuadas dificultades para llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso en casi todas las materias de trascendencia para el país, estos logros son de celebrarse. Pero la celebración no impide la mirada crítica, y prospectiva, sino al contrario. En un país tan proclive a las efemérides baladíes hay que insistir en poner las cosas en perspectiva.
Es posible y plausible que hayamos entrado en una etapa de reformas serias y, en principio, consistentes en diversas materias que puedan remontar el atraso en que nos sumió la parálisis. Este atraso se puede resumir muy sencillamente: México ha avanzado, pero se ha rezagado comparativamente respecto de otros países con los que es comparable, tanto de Europa Central como de Asia; lo mismo que respecto de Brasil. Dejaré para otra ocasión la presentación de las cifras que lo ilustran.
Si hemos salido de la torre de Babel es algo que sabremos al final del proceso de la Ley para la Reforma del Estado. Ésta representa un procedimiento inverso al que han seguido la mayor parte de las nuevas democracias, a saber, hemos creado un marco formal para el proceso de reformas sin acuerdos de fondo en las materias sustanciales, como las que enuncia dicha ley.
Algunos hemos criticado la reforma electoral por el reforzamiento de los partidos políticos (que contribuye por contagio, pero no equivale a la consolidación del Congreso), y la falta de empoderamiento de los ciudadanos en una dirección de abajo hacia arriba, mediante, por ejemplo, las candidaturas independientes.
No obstante, hay que reconocer las ventajas de la reforma constitucional: introduce el derecho de réplica, limita a las autoridades para hacer publicidad durante procesos electorales, así como la promoción personal, quita poder a los medios de comunicación masiva para manipular los procesos electorales, reduce el financiamiento a los partidos y la duración de las campanas, faculta al IFE para apoyar a pedido las elecciones locales, escalona la sucesión de los consejeros electorales, define responsabilidades para los partidos que pierden el registro y esclarece la autoridad del Tribunal Electoral.
A contracorriente, limita la autonomía administrativa del IFE al instaurar un contralor responsable ante el Congreso que estará adscrito a la presidencia del Consejo y al crear, dentro del mismo, un órgano técnico ""autónomo"" de fiscalización de los partidos.
Queda pendiente la concreción de estos cambios en el código electoral. Si atendemos a las características de la negociación tras el resultado legislado, lo más sobresaliente es, una vez más, el consenso sobre la desconfianza. Ni los partidos, ni los medios de comunicación, ni las autoridades electorales satisficieron el reclamo de confianza proveniente del momento previo a la institucionalización de la alternancia. Esta ha sido la factura pasada por el PRD al país y al Estado por el declarado y no comprobado fraude electoral del 2006.
Si se había ya hecho la observación sobre el barroquismo reglamentario del artículo 41 constitucional antes de la reforma, con los cambios introducidos se le ha elevado al nivel de churrigueresco novohispano. Seguramente pasará otro tanto con la ley.
Pero el problema no es solamente estético, sino procedimental. Si bien la reforma fue unánime en el Congreso de la Unión y con una sola disidencia estadual (Coahuila), los procedimientos que establece representan una capa más de candados sobre los previamente existentes. En esto no hay novedad; nuestra institucionalidad electoral sigue edificada sobre la desconfianza, la diferencia hoy es que esta desconfianza es unánime. Si las medidas establecidas conducen a disminuirla será algo por ver en los próximos comicios federales y, desde luego, en el 2012.
El capítulo siguiente es el de los demás compromisos del Congreso con la reforma del Estado. Con un Congreso fuerte por el solo hecho de su pluralidad (desde 1997), un Ejecutivo fuerte en su esfera, pero débil ante el Legislativo y unos partidos fortalecidos ante los medios de comunicación que los habían subyugado vergonzosamente, zadónde se proponen llevarnos? La pregunta no presupone respuesta, solamente es pregunta, porque ni los partidos ni los congresistas han expuesto la cara para decirnos cuál es el conjunto de la obra negra que se proponen construir. Como senalamos antes, esto equivale a poner la carreta adelante de los bueyes.
Las reformas que se han conseguido este ano no son desdenables. Por el contrario, deben ser bienvenidas, aun con sus limitaciones.
Pero la debilidad de la sociedad frente a la política, que ha contribuido al desprestigio de esta última, brinda la oportunidad a los partidos para no exponer definidamente sus ideas, de modo que sus propuestas puedan ser examinadas por el público antes de convertirlas en acuerdos. Ya sabemos qué reforma en materia electoral ha alumbrado, aunque ignoramos cómo la traducirán en la ley. Tampoco sabemos qué sistema de gobierno, qué federalismo, qué Poder Judicial, qué garantías sociales tienen en la agenda. Ahí nos hallamos. (El Universal).
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