"El avance de los índices delincuenciales en el país, así como la abierta lucha callejera entre cárteles de la droga, que se disputan impunemente plazas y regiones con fuego de armas de grueso calibre, lleva a reflexionar sobre la efectividad de los métodos utilizados por el Estado mexicano para combatir y revertir las acciones de los criminales.
El programa México Seguro, que ha sido la herramienta del Gobierno Federal en esta lucha, todavía no logra los resultados que la ciudadanía desearía, en lo que, se anticipa, será una tarea de largo plazo.
En ese contexto comienzan a surgir voces que apelan a medidas drásticas y radicales para acabar lo más pronto posible con la criminalidad. Es el caso del investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien ayer expuso que para enfrentar al narcoterrorismo y a la delincuencia organizada México debe adoptar una política anticriminal y un sistema judicial de excepción, porque tal como se encuentran las cosas en este momento, la delincuencia de alto impacto está venciendo al Estado.
De manera concreta propuso que los detenidos por dichos conceptos no sean juzgados con las mismas leyes que rigen a todos los ciudadanos, se restrinjan sus garantías individuales y se otorguen al Estado facultades para imponer medidas especiales, como los toques de queda en sitios específicos.
La propuesta encontró impugnaciones de inmediato, en otros investigadores del mismo Instituto y en el suprocurador de la PGR, Pedro Penaloza, quienes coincidieron en senalar que los sistemas jurídicos de excepción afectan a la ciudadanía y abren las puertas a gobiernos autoritarios, al mismo tiempo que su aplicación en estos momentos en el país representaría reconocer que narcotráfico y crimen organizado ya ganaron la batalla.
Ciertamente, hay que ser prudentes a la hora de disenar las estrategias para hacer frente a la delincuencia, pues no es posible que la desesperación por acabar de golpe con el fenómeno nos haga recurrir a medidas extremas que puedan, por un lado, exacerbar la guerra contra los criminales o, por otro, limitar o cancelar a millones de ciudadanos sus derechos, permitiendo que una aplicación mal entendida de la ""mano dura"" acabe por imponerse como forma de gobierno o de control policial. Nadie duda de la urgencia por controlar y erradicar el crimen en cualquiera de sus manifestaciones. Sin embargo, estos propósitos no pueden quedar al margen del Estado de Derecho, siendo más bien que el fortalecido en dicha batalla tiene que ser el propio régimen de leyes que ha de imperar en el país.
El respeto de los derechos humanos, por ejemplo, no excluye la aplicación de todo el peso de la ley a narcotraficantes, secuestradores y delincuentes en general.
Llevar esta lucha a situaciones de excepción sería tanto como ignorar siglos de avance en nuestro Derecho Constitucional e involucionar hacia la lucha con códigos regidos por la venganza, similares al ""ojo por ojo y diente por diente"", al tiempo que se permitiría que el Estado concentrara poderes insospechados en detrimento de las libertades fundamentales de los ciudadanos.
No podemos desesperarnos ni dar lugar a tentaciones autoritarias. Se debe actuar con firmeza, pero dentro de un marco de garantías a la ciudadanía. La lucha debe ser coordinada, eficaz, bien planeada, con la colaboración de todos los órdenes de gobierno y de la ciudadanía; la unidad nacional en contra de la criminalidad debe ser promovida, para que no sea más un modo de vida cómodo para los delincuentes. Hay que acabar con el crimen sin cancelar libertades. (El Universal)
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