El conflicto de Oaxaca ha derivado en cargos de los 144 detenidos pertenecientes a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca contra policías locales y agentes de la Policía Federal Preventiva por presuntos golpes, torturas y ultrajes sexuales, que constituirían una franca violación de sus derechos humanos.
La opinión pública mexicana e internacional hace más de una década que está atenta a todo lo que se refiere a la preservación de los derechos humanos, y está muy bien que así sea, por eso resulta necesario investigar, aclarar y, en todo caso, deslindar los hechos denunciados. En el talante del respeto a las garantías individuales debe ser igualmente deseable evitar que la acusación constituya una estrategia jurídica de defensa para convertir en víctimas a quienes durante el segundo semestre del ano pasado participaron de conductas contrarias al orden público.
Los policías federales acusados en Oaxaca pertenecen a la misma corporación que en el pasado mes de mayo participó en el desalojo de San Salvador Atenco, Estado de México, y que igualmente que ahora, enfrentaron quejas por atropellos y violaciones por las que ya hubo senalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque las consignaciones pertinentes a los responsables no han sido expeditas.
Las características de las agresiones tanto en el Estado de México como en Oaxaca son susceptibles de comprobación mediante exámenes médicos, además de la identificación de los agresores, la verificación de los testimonios de los involucrados y en general mediante una investigación sólida. Es con base en esos elementos probatorios que se despejarían las dudas y no se privilegiarían los dichos de los acusados o de los que se defienden.
En los sucesos en Oaxaca hubo al menos 11 muertos como consecuencia directa de los plantones y marchas, y otros nueve fallecieron por causas indirectas. No hay razones para desestimar la necesidad de someter a juicio a quien resulte responsable de cualquiera de los bandos.
Los asesinatos aún impunes y las quejas de violaciones presentadas son suficientes para ver que el problema de Oaxaca dista de estar resuelto. Las autoridades estatales y en específico el gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, deben ser los primeros en censurar los excesos cometidos y exigirse a sí mismos y a los cuerpos de policía bajo su mando demostrar más allá de cualquier duda si son o no culpables de lo que se les acusa.
El orden precariamente restablecido en el segundo estado más pobre del país no puede haber sido concebido como una puerta de salida para quienes local o federalmente incurrieron en delitos penales o en complicidades políticas frente a quienes los cometieron.
En el país se esperaría que en cualquier espacio geográfico de su territorio existan condiciones para atender reclamos justos de quienes protestan por rezagos anosos y por agravios recientes.
Sin embargo, tanto los que lo hacen como quienes tienen la encomienda de guardar el orden público han de proceder sin merma de las garantías individuales. La revancha no tiene cabida en el Estado de Derecho.
