Habitantes del municipio de Zinacantán realizaron una marcha en Tuxtla para exigir la liberación del exalcalde Manuel Martínez Jiménez, acusado de peculado y que se encuentra recluido en el penal El Amate.
De acuerdo con la información oficial, la Auditoría Superior del Estado practicó auditoría al Ayuntamiento de Zinacantán por el ejercicio fiscal 2016, donde encontró un faltante de documentación comprobatoria en el ejercicio del gasto, erogaciones no justificadas y recursos ejercidos con fines distintos a sus objetivos, constituyendo el desvío de recursos públicos.
Por lo que radicó la causa penal número 153/2019 el pasado 18 de diciembre de 2019 y se giró la orden de aprehensión en contra de Martínez Jiménez.
Derivado de ello, desde las ocho de la mañana los indígenas tsotsiles se concentraron a la altura de de la Diana Cazadora, donde expresaron que los asistentes son una representación de las comunidades que piden la liberación del detenido.
Señalaron a Francisco de la Cruz Pérez, actual alcalde por el PRI, como responsable de orquestar la detención, ya que el delito de peculado no existe, “el actual alcalde señala a Martínez Jiménez de no dejarlo trabajar, cuando hasta el momento no hemos visto en este año una sola obra en el municipio”.
Consideran que las acusaciones son falsas, “ya que cuando dejó el cargo entregó cuentas claras ante la ASE así como con las autoridades tradicionales, por eso es la molestia del actual Ayuntamiento”.
Puntualizaron que la marcha realizada este día en la capital chiapaneca fue pacífica, sin embargo, sentenciaron que de no haber una respuesta a este tema tomarían acciones radicales.
Asimismo dieron a conocer que el edil zinacanteco amenazó a las personas que este día participaron en la marcha con expulsarlos del Partido Revolucionario Institucional.
“Nos amenazó con expulsarnos de la comunidad si mostrábamos nuestro respaldo a Manuel, pero nosotros seguiremos exigiendo su liberación, que se haga justicia”, expresaron.
Adelantaron que será a mediados de enero del 2020 cuando el detenido presente las pruebas correspondientes que demuestren su inocencia, ante lo que no están de acuerdo, ya que los documentos existen y la parte legal los puede presentar a la brevedad.