"zQuién merece ganar más que el Presidente de la República? El alcalde de Zinacantepec, en el estado de México, cree que él sí; por eso cobró 246 mil 476 pesos en septiembre pasado. La ley se lo permite. Ayer los diputados federales votaron una reforma constitucional para impedir ese absurdo y muchos otros. No tienen pretextos.
La Ley de Salarios Máximos de los Servidores Públicos, a discusión desde hace dos anos, parecía en vías de aprobación en marzo de 2007; todos los partidos se decían dispuestos a avalarla. La iniciativa se aprobó por unanimidad en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó, quizá por la presión de acaudalados ministros, magistrados, gobernadores y alcaldes.
Hoy que esa voluntad política parece renovada -luego del escándalo por el aumento salarial fallido en el IFE y por el aristocrático estilo de vida de los ministros jubilados de la Suprema Corte-, el partido del Presidente, el PAN, pone una objeción: debe excluirse a servidores públicos designados por su ""perfil técnico"", así como aquellos que ""corren grandes riesgos por su vida personal y familiar"". Una reforma constitucional no pasará sin las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. El PAN podría frenarla. zCreen que el Presidente no cumple con un perfil técnico ni pone en riesgo su vida personal y familiar?
Cabe preguntarle también a ese partido: zno bastan 167 mil pesos mensuales para vivir cómodamente y compensar el riesgo de cualquier función pública? El argumento resulta insuficiente ante la opinión pública a la luz de los beneficios: ahorro millonario en el presupuesto y, más importante, gobernabilidad. La impresión general de que la administración pública no es más que el botín de los grupos políticos alimenta la insatisfacción ante la democracia, la inconformidad en las calles, la violencia como método de ""resistencia"" frente al Estado, incluso la simpatía hacia el crimen organizado.
Eso sí, gobernadores, alcaldes y legisladores podrían seguir beneficiándose dado que la transparencia no toca sus feudos. Rechazar esta reforma sólo tendría justificación bajo ese argumento, el de que la ley es insuficiente. Claro, sonar no cuesta nada. (El Universal)
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