Todos los partidos políticos están comprensiblemente ansiosos de encumbrarse con motivo de las elecciones federales del domingo 2 de julio próximo. Está bien que lo hagan, pero está mal que para hacerlo pudieran caer en faltas a la ley o en distorsiones de lo que ha de ser el correcto funcionamiento del gobierno o de los cuerpos legislativos.
La sociedad mexicana debe estar muy alerta del desempeno de los servidores públicos y de los representantes populares que, apegados en apariencia a lo que puede serles permitido, en realidad estén haciendo sonar las fanfarrias para engrandecer las virtudes de sus partidos.
Veamos, por ejemplo, la programación de las ministraciones del Presupuesto Federal de Egresos para este ano; se acentúan, contra lo que ha sido habitual, en el primer semestre del ano, precisamente los meses previos a los comicios para elegir Presidente de la República, diputados y senadores.
Los datos son elocuentes. En el primer semestre la erogación será superior al billón de pesos; en el segundo, el gasto será de menos del billón. Generalmente ocurre al revés.
La sensación de bienestar antes de las elecciones, por la capacidad de inversión y gasto público, puede tener un efecto favorable en el ánimo de los electores en el momento en que acuden a votar. Ante la perspectiva de una votación cerrada, muy competida, todo lo que pueda influir, aun ligeramente, en el modo de votar, importa.
Nada podría ser más grato para un Presidente que dejar la banda presidencial en el pecho de un correligionario político, pues lo vería como un aplauso a su desempeno gobernante de seis anos.
Pero si para lograr esa satisfacción personal y política manipula sus acciones oficiales, incurre en abuso del poder y atropella la ética que debe regir su comportamiento. Además, en este caso particular, el jefe del Ejecutivo cometería los mismos errores que imputó para conseguir su llegada a Los Pinos.
Los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se ven rebasados por la gana de subrayar su presencia en las campanas electorales por la vía de enaltecer su paso por ese cuerpo de representación popular y de recordar cómo votaron en algunos casos de leyes de repercusión social.
Ellos actúan como alambristas en el filo de la navaja. Están obligados a informar a sus representados de la forma en que trabajaron, de los logros que contribuyeron a conseguir, pero no están autorizados a utilizar fondos y recursos de la Asamblea para su promoción personal en busca de recolocarse en otra posición, como varios admitieron en entrevistas con reporteros de EL UNIVERSAL. De algún modo aprovechan lagunas o insuficiencias legales, pero inevitablemente mancillan las normas morales de la conducta política.
El Código Electoral prohíbe a cualquier candidato adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno y, si de por medio hay denuncia, la autoridad electoral puede aplicar sanciones. Queda por definir hasta dónde la prohibición afecta a un aspirante a candidato.
La cuestión de fondo es que, más allá de la letra de la ley, brilla su espíritu. Es indiscutible que el propósito de los redactores del Código fue mantener sin contaminación el proceso electoral. Tratar de burlar esa intención con sutilezas o habilidades de litigante menor refleja una personalidad turbia no apta para pretender funciones de representación mayor.
Los presupuestos que se asignan a cada una de estas instituciones de la Federación y las locales, fueron previstos para llevar a cabo tareas que beneficien a la sociedad mexicana y no para indebido provecho de partidos políticos o candidatos. A nosotros compete estar pendientes de que ello no ocurra y, si fuere así, denunciarlo. (El Universal).
