"M.deR. * CP. El 26 de junio tuvo lugar el foro ""Régimen de Estado y gobierno"" organizado por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que tiene a su cargo el cumplimiento de la Ley para la Reforma del Estado. Tuve el honor de ser invitado a exponer mi opinión en ese foro. Ofrezco al lector un resumen de lo que expresé en esa ocasión.
La característica principal de la transformación política de México en los últimos 30 anos consiste en haber reorganizado el sistema electoral en forma democrática, dejando casi intocado el régimen de gobierno. Lo primero dio lugar a un sistema competitivo de partidos políticos y un sistema electoral autónomo. Lo segundo reproduce crónicamente formas, costumbres y prácticas autoritarias, que resultan de las disposiciones igualmente autoritarias introducidas en el sistema constitucional en el periodo 1928-1933.
Entre 1977 y 1996 se dieron pasos decisivos para cambiar el monopolio unipartidista previo a estos dos momentos y se llegó, finalmente, a la creación de una institución electoral autónoma y un sistema de partidos competitivo para la alternancia en el poder. Pero instituciones como el municipio, los poderes de las entidades federativas, las relaciones entre poderes de la Unión y buena parte de su estructura no han sufrido los cambios necesarios. A ello hay que anadir un sistema de justicia obsoleto, que no ofrece al individuo medios para su defensa legítima en el interior del poder político.
Con la salvedad de la Ley de Transparencia, la (deforme) reforma del Distrito Federal y algunas modificaciones de los atributos de los poderes locales, la fisonomía de la República no alcanza ni de lejos a parecerse a la sombra de la Constitución de 1917.
El poder centralizado y piramidal del presidencialismo quedó atrás en materia electoral, pero en otros aspectos, mantiene al país en vilo. Ni los municipios, ni las legislaturas estatales, ni los poderes judiciales de los estados se parecen pálidamente al sistema descrito por el constituyente de 1917. Estas instituciones ofrecen a la vista un sistema de poder enclenque, privado de medios, facultades y experiencia para hacer frente a los problemas de sus esferas de acción. zAcaso, por ejemplo, el crimen organizado no medra de esta debilidad de instituciones fundamentales del Estado?
La Presidencia ha sido balanceada por el Congreso y ambos por la Suprema Corte de Justicia. Pero la conformación del pluralismo electoral concretado en la presencia de más de dos partidos políticos, arroja un resultado contradictorio con la estructura política de la Constitución.
El sistema presidencial (que no presidencialista), no se lleva con el pluralismo. A la larga sólo puede ocurrir una de dos: o los partidos relevantes se reducen a dos, o el sistema de político se pierde en la dispersión que resulta de las ventajas oportunistas de bloquear a cualquiera que ocupe el gobierno si no cuenta con mayoría absoluta en las cámaras.
De ahí la urgencia de la reforma del Estado. Aunque se haya convertido en un lema de políticos que, como cualquier político, busca ante todo su beneficio personal, la reforma es una necesidad nacional que sólo puede ser satisfecha obligando a los políticos, presionándolos para que sus decisiones giren en torno a los intereses de la ciudadanía y no solamente a los suyos y los de sus partidos y clientelas.
Se trata de construir un sistema de poder político que responda a la decisión de la sociedad mexicana de instituir un sistema pluralista y, por tanto, multipartidista. Para que un sistema de esta naturaleza funcione en México es menester hacer cambios de importancia en las estructuras de poder que provienen del autoritarismo, que aún están en la Constitución Política e impiden fortalecer Estado y sociedad y ocluyen un proyecto de país de carácter consensual y no faccioso.
Hacerlo implica emprender acciones y estas acciones tienen costos. Por ejemplo, hay que sacrificar el modelo de gobierno que da al partido ganador de la Presidencia de la República todo el poder para conformar unilateralmente el gabinete y el gobierno sin incorporar en él a otras fracciones de la representación nacional. La estructura actual ofrece incentivos para la parálisis. El partido ganador se lleva todo el gobierno, aunque haya ganado con menos de la mitad de los votos. Pero al no tener mayoría en las cámaras se ve sujeto al bloqueo o al chantaje, mientras los partidos de la oposición obtienen ganancias políticas sin corresponsabilizarse con la tarea de gobernar.
De ahí que el proceso legislativo en los últimos tiempos esté caracterizado por la parálisis. No por la parálisis cuantitativa en cuanto al número de leyes aprobadas, sino a la parálisis cualitativa que se expresa en el bloqueo a las iniciativas para atender los grandes problemas nacionales: reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma judicial... reforma del Estado.
El cambio del régimen con miras a instituir el gobierno efectivo implica avanzar hacia un sistema mixto. Ya sea instituyendo el ""gobierno de gabinete,"" que implica incorporar miembros de las minorías políticas al gabinete y, por consiguiente, es un método de inducción de acuerdos, o bien estableciendo un sistema semipresidencial que divide las funciones del Presidente en tareas de Estado y de gobierno, dejando las primeras para el Ejecutivo electo y las segundas para un jefe de gobierno o primer ministro nombrado en acuerdo con el Congreso.
Hay que reconstruir el poder del Estado a partir de lo que tenemos. Pero entre lo que tenemos está también la inventiva sobre el país que queremos alumbrar. Por desgracia, también abunda el conformismo con la mediocridad que caracteriza al México de hoy. [email protected]
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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